El Norte de Castilla
Ana María Martínez Olalla, ponente de la sentencia.
Ana María Martínez Olalla, ponente de la sentencia.

Anulado el decreto que regula los centros sociales de mayores en Castilla y León

  • El Tribunal Superior de Justicia tumba la norma de la Junta al faltar la memoria económica en su desarrollo

Relojes con estilo para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

¡¡Todos a 49€!!

Hasta 70%

Moda urbana para hombre

Hasta 80%

Moda clásica para hombre, mujer e infantil

Hasta 90%

Chaquetas y abrigos de piel para hombre y mujer

Hasta 70%

Calzado y complementos de piel para hombre y mujer

Hasta 70%

Bolsos de piel made in Italy

Hasta 80%

¡Todas las botas a 21.00€! ¡No te lo pierdas!

Hasta 70%

Calzado de original diseño para mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Muebles con estilo para tu hogar

Hasta 70%

Renueva tu comedor con muebles de diseño

Hasta 70%

Calidad y diseño en ropa de hogar

Hasta 70%

Moda casual para hombre y niño

Hasta 70%

Diseño y calidad al mejor precio

Hasta 80%

Elige el cabecero que más se adapte a la decoración de tu habitación

Las mejores marcas a los mejores precios

Decora las ventanas de tu hogar con originales estores

Las mejores marcas a los mejores precios

Tus marcas favoritas en deportivas técnicas y casual

Las mejores marcas a los mejores precios

Relojes para hombre y mujer

Hasta 70%

Textil hogar de diseño y calidad

Las mejores marcas a los mejores precios

Marcas deportivas en relojes de pulsera

Hasta 70%

Moda clásica para hombre y mujer

Hasta 80%

Chaquetas de piel para hombre y mujer

Hasta 70%

Calidad y diseño en tu hogar

Las mejores marcas a los mejores precios

Moda y complementos para hombre

Hasta 70%

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declara nulo de pleno derecho el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores en la Comunidad publicado en el BOCyL de 5 de febrero de 2016.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, de la que ha sido ponente la magistrada Ana maría martínez Olalla, estima así el recurso interpuesto por la Asociación Casa de Beneficiencia de Valladolid y justifica la declaración de nulidad del citado decreto en su «defectuosa calidad normativa al carecer de la imprescindible memoria económica», según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal castellano y leonés.

La Sala anula el decreto, además, porque determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación contenida en el Decreto 147/2001 -al que deroga el impugnado- sobre personal mínimo, personal técnico, número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional...etc.

La Sala, que condena en costas a la Junta de Castilla y León -la sentencia es recurrible en casación en un plazo de treinta días ante el mismo tribunal- cree que no se justifica por qué el Decreto 2/2016 no regula aspectos esenciales que el anterior decreto sí regulaba.