Ana María Martínez Olalla, ponente de la sentencia.
Ana María Martínez Olalla, ponente de la sentencia.

Anulado el decreto que regula los centros sociales de mayores en Castilla y León

  • El Tribunal Superior de Justicia tumba la norma de la Junta al faltar la memoria económica en su desarrollo

Relojes de pulsera de tus marcas favoritas

Las mejores marcas a los mejores precios

Completa tus looks con complementos urbanos a precios increíbles

Hasta 90%

Homewear para hombre y mujer

Hasta 70%

Marca española en moda pre-mamá

Las mejores marcas a los mejores precios

¡Diversión para todas las edades!

Las mejores marcas a los mejores precios

Colección moda técnica para hombre y mujer

Hasta 80%

¡Semillas, macetas, herramientas y mucho más!

Las mejores marcas a los mejores precios

Moda casual para hombre y mujer

Hasta 70%

Deportivas para toda la familia al mejor precio

Las mejores marcas a los mejores precios

Colección en piel de bolsos y zapatos de diseño

Hasta 70%

Selección de botas, botines y zapatos para mujer

Hasta 70%

Calzado de piel para hombre y mujer

Hasta 70%

Moda casual para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Relojes de pulsera para hombre y mujer

Hasta 70%

Diseños exclusivos en bolsos de piel

Las mejores marcas a los mejores precios

Joyas y relojes para hombre y mujer

Hasta 70%

¡Encuentra la cazadora que se adapta a tu estilo!

Hasta 90%

Bolsos de piel made in Italy

Hasta 80%

Deportivas, botas y zapatos para hombre

Las mejores marcas a los mejores precios

Relojes de pulsera al mejor precio

Hasta 80%

Relojes y brazaletes inteligentes

Hasta 80%

Complementos y juguetes eróticos.¡Mantén viva la pasión!

Hasta 80%

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declara nulo de pleno derecho el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores en la Comunidad publicado en el BOCyL de 5 de febrero de 2016.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, de la que ha sido ponente la magistrada Ana maría martínez Olalla, estima así el recurso interpuesto por la Asociación Casa de Beneficiencia de Valladolid y justifica la declaración de nulidad del citado decreto en su «defectuosa calidad normativa al carecer de la imprescindible memoria económica», según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal castellano y leonés.

La Sala anula el decreto, además, porque determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación contenida en el Decreto 147/2001 -al que deroga el impugnado- sobre personal mínimo, personal técnico, número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional...etc.

La Sala, que condena en costas a la Junta de Castilla y León -la sentencia es recurrible en casación en un plazo de treinta días ante el mismo tribunal- cree que no se justifica por qué el Decreto 2/2016 no regula aspectos esenciales que el anterior decreto sí regulaba.