El Supremo obliga a la Junta a subir las tarifas de las ITV

El Supremo obliga a la Junta a subir las tarifas de las ITV
Un vehículo pasa la ITV en Valladolid.
  • El fallo del tribunal, que ratifica uno anterior del Superior de Justicia de Castilla y León, establece que la administración regional carece de capacidad para congelar los precios del servicio

  • La sentencia se refiere solo al año 2012, pero aún quedan por resolver recursos similares de 2013, 2014 y 2015

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El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la actualización automática de tarifas de las ITV en Castilla y León. En el fallo se señala que los concesionarios tienen derecho -por normativa y por contrato-, a que los precios por prestar el servicio suban tanto como el IPC. De esta manera, la resolución de la Junta del 2 de julio de 2012 que congelaba las tarifas, queda anulada.

La sentencia entiende que la Junta está obligada a revisar las tarifas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo, pero ello no le da derecho, según recoge Europa Press, a la potestad de decidir el precio de manera «discrecional». Y resalta la el Supremo en su decisión que «en todos los ejercicios precedentes -como incluso se pone de relieve en el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Empleo- se ha procedido a la actualización de las tarifas en la forma postulada por la asociación recurrente, por lo que ante tan obvios precedentes tenidos en cuenta por la Administración no se ve razón alguna para que se haya procedido en los actos recurridos en sentido contrario».

De confirmarse otras sentencias en sede casacional relativas a la congelación de las relativas a 2013, 2014 y la rebaja del 20 por ciento establecida en 2015, también recurridas por las concesionarias, la Junta se verá obligada a incrementar las actuales tarifas de ITV en Castilla y León así como a abonar millonarias indemnizaciones a las empresas de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos (AECyL-ITV), integrada por Itevelesa, Itevecasa y Atisae.

Así, fuentes próximas a la asociación cifran en más de 7,5 millones la cantidad que habría de abonar la Junta sólo para compensar los perjuicios ocasionados en 2012 por la no actualización hasta la fecha de hoy con arreglo al IPC, si bien añaden que las compensaciones podrían superar los 230 millones, sin incluir intereses, si los próximos fallos judiciales también le son favorables y si se tiene en cuenta que la adjudicación del contrato no expira hasta 2029.

En diciembre de 2011, la Junta decidió no actualizar las tarifas de los concesionarios de ITV en la Comunidad para el año 2012. A esa congelación tarifaria le siguieron las de los años 2013 y 2014.

Adicionalmente, en enero de 2015, la Administración regional dictó una Orden para rebajar en un 20 por ciento el precio de las ITV porque, según se justificó entonces, eran las más caras de toda España.