El Norte de Castilla
Un momento del congreso autonómico de Csif Justicia, que se celebra en el Hotel Juan de Austria de Valladolid.
Un momento del congreso autonómico de Csif Justicia, que se celebra en el Hotel Juan de Austria de Valladolid. / G. Villamil

La batalla por el registro civil se retoma en los juzgados

  • La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) anima al resto de sindicatos a movilizarse para obligar al Ministerio a convocar la mesa de negociación para que el servicio no salga del ámbito judicial

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La batalla por el registro civil vuelve a los juzgados. La central Csif, mayoritaria en la Administración de Justicia, ha anunciado en Valladolid, donde se está celebrando este martes el VI congreso autonómico del sector de Justicia, que plantará cara para que el servicio «se quede en los juzgados, siga siendo público y gratuito», y anima a otros sindicatos a sumarse a una nueva movilización para que el servicio no salga del ámbito judicial y obligar al Ministerio de Justicia a negociar el nuevo modelo, tras el fallido intento de privatización y asunción del registro por los registradores de la pasada legislatura. Según este sindicato, el decano de Registradores de España «ha retomado las presiones para que la gestión del registro civil se encomiende a este colectivo, con lo que perdería su carácter público, y el Ministerio continúa sin informar sobre sus planes».

El colectivo de funcionarios, ha señalado el presidente nacional del sector de justicia, Francisco Lama, minutos antes de la inauguración del congreso, teme además que la gestión del registro civil sea encomendada a los ayuntamientos y comunidades autónomas como contempla la Ley 20/2011, que está suspendida, en 'vacatio legis', hasta el 30 de junio de 2017, cuando está previsto que entre en vigor tras varias prórrogas.

Electrónico

Para CSIF, que ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia en el que le recuerda a Rafael Catalá «su compromiso de negociar desde cero el nuevo modelo del registro civil», el servicio tiene que ser público y gratuito, eléctrónico (con validez jurídica, «pues el actual programa informático no lo permite», explicó Lama), moderno en su organización y gestionado por personal formado y experto, por lo que defiende la continuidad de los Cuerpos generales de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Letrados como la columna vertebral de este nuevo registro civil. «Esta propuesta es la mejor y más lógica, sin incremento del gasto público, que ya podría empezar a funcionar con resultados visibles si hubiera voluntad para hacerlo», sostienen desde el sindicato, que en Castilla y León cuenta con cerca de 300 afiliados del sector judicial.