El Norte de Castilla

La ley para blindar a funcionarios que denuncien prácticas corruptas llega al pleno envuelta en polémica

La ley para blindar a funcionarios que denuncien prácticas corruptas llega al pleno envuelta en polémica

  • El artículo que califica como falta grave una información infundada distancia al PP de la oposición

El texto de la ley que se propone como finalidad proteger al empleado público que denuncie malas prácticas o indicios de prácticas corruptas en la Administración autonómica que llega hoy al pleno de las Cortes solo le gusta a los responsables de la Junta y al PP. Es lo que se deduce de las valoraciones que desde los cinco grupos parlamentarios ofrecen de esta norma, que pretende implantar en Castilla y León la figura del ‘whistleblower’ anglosajón, el ‘hombre que toca el silbato’ y alerta sobre una práctica irregular.

El principal punto de conflicto que ofrece el proyecto de ley –el nombre completo es el proyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establece la garantía de los informantes– atañe al artículo tres, que incluye la catalogación como falta grave de aquellos casos en los que se demuestre que se trata de «informaciones infundadas», lo que permite sancionar al empleado público que lo denunció.

En el grupo parlamentario popular son conscientes de la polémica que rodea al proyecto de ley en vísperas de su aprobación, para la que el PP necesita, al menos, la abstención de un procurador de la oposición. «Confiamos en que al final se de un resultado menos crítico», apunta Juan José Sanz Vitorio, portavoz del PP en las Cortes. Sanz Vitorio destaca que el texto establece un canal de tramitación de estas informaciones, que da garantía a quien informa, «pero que pretende evitar que pudiera hacerse un uso indebido con informaciones infundadas, cuando se compruebe de forma manifiestas que está debidamente probado esa falta de fundamento».

Los puntos de fricción

La opinión general de los cuatro grupos de la oposición parlamentaria es que se ha «pervertido» la filosofía inicial con la que surgió la iniciativa. «No sirve para combatir la corrupción, porque al final se pone una mordaza a los funcionarios. Se convierte en una ley contra el informante. Ningún empleado público se atreverá a denunciar nada», argumenta el socialista Luis Briones. Natalia del Barrio, de Podemos, afirma que sobra el artículo sobre las denuncias falsas. «Eso ya lo recoge el Código Penal», al tiempo que señala al Procurador del Común, y no a la propia Inspección de Servicios de la Junta, como el órgano adecuado para tramitar esas denuncias.

Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, incorpora a esas dos discrepancias las limitaciones sobre los asuntos que los funcionarios pueden denunciar, «solo determinados delitos». José Sarrión, de IU-Equo, firma todas las críticas anteriores y llama la atención sobre el poder que tiene la oposición para «transformar la ley», puesto que el PP carece de mayoría suficiente para aprobarla. La Plataforma de Empleados Públicos Pladepu ha solicitado a la oposición que vote en contra de lo que han bautizado como «la ley mordaza del Gobierno de Herrera».