El Norte de Castilla

Lino Rodriguez y su esposa, junto a su abogado, esperan para declarar en el juzgado. Henar Sastre
Lino Rodriguez y su esposa, junto a su abogado, esperan para declarar en el juzgado. Henar Sastre

Lino Rodríguez, procesado por «engordar» facturas para justificar subvenciones

  • El dirigente de Asaja Valladolid y su esposa, en opinión del juez, urdieron el supuesto engaño para obtener más de un millón de euros de la Junta de Castilla y León

El juez ha abierto procedimiento penal contra Lino Rodríguez, a quien se atribuye una supuesta falsificación de facturas para cobrar subvenciones de la Junta de Castilla y León por valor de más de un millón de euros. Además, extiende la imputación a la esposa del dirigente de Asaja Valladolid, a quien el ministerio fiscal considera colaboradora en el presunto fraude a través de la sociedad Sodeprin.

Según figura en el auto al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, Lino Rodríguez, administrador único de la sociedad Campo de Peñafiel, solicitó dos subvenciones a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para construir un almacén de patatas en Peñafiel y la mejora de instalaciones para conservación del producto. Para la primera se presentó documentación que justificaba un gasto total de 1,9 millones de euros y Rodríguez consiguió una ayuda por el 40%, 789.932 euros; sobre la segunda inversión, presentó facturs por 738.453 euros, y la Junta aprobó una subvención por 252.592 euros. La Fiscalía considera que Lino Rodríguez «presentó facturas falsificadas por un importe que no se correspondía con la realidad para engordar el presupuesto o facturación y así obtener mayor subvención».

Para ello, prosigue la acusación, habría contado con la colaboración de Sodeprin, la sociedad que se encargaba de la contabilidad y solicitud de subvenciones, entidad gestionada por la mujer del dirigente agrario.

Estos hechos, prosigue el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, podrían ser constitutivos de un presunto delito de falsedad documental y fraude de subvenciones, motivo por el que abre procedimiento abreviado.