El PSOE cuantifica «el desfalco» del edificio Perla Negra y los terrenos de Portillo en 32 millones
/ Los socialistas JF Martín y Javier Izquierdo, durante la rueda de prensa en las Cortes. R. García-EFE

El PSOE cuantifica «el desfalco» del edificio Perla Negra y los terrenos de Portillo en 32 millones

  • Javier Izquierdo insta a la Junta a personarse en la causa judicial como administración perjudicada «y que deje de defender a altos cargos investigados», tras conocer un informe de la Intervención General del Estado

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Recién estrenada la personación del PSOE en el caso Perla Negra, una vez abonada la fianza de 10.000 euros impuesta por el juez para como condición para que este partido pueda ejercer la acusación particular, los representantes del Grupo Socialista en la comisión de la trama eólica, Javier Izquierdo y JF Martín, esgrimen un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos del parque empresarial de Portillo, que cuantifica «el desfalco» por ambas operaciones en 32 millones de euros, un informe que contrasta con la segunda tasación realizada por un perito judicial, en la que se descarta sobrecoste y pelotazo urbanístico.

Izquierdo, a la vista de este informe de la IGAE, considera «increíble» que la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, pidiera la semana pasada el archivo de la causa por presuntas irregularidades en la compra del Edificio de Soluciones Empresariales y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que se persone como perjudicado.

«Pagar dos veces»

Según indicó el presidente del Grupo Socialista, el Gobierno de la región habría abonado un total de 70 millones de euros por el inmueble, diez más de los que fijaba la tasación pericial con el IVA incluido, por conceptos adicionales de obra que, sin embargo, «ya estaban incorporados en el precio inicial», por lo que se habría pagado por ellos «dos veces».

El procurador socialista respondió así a la portavoz de la Junta, quien subrayó que la Administración regional había asumido menos del valor que estimaba la tasación pericial, por lo que consideró que había motivos para el archivo de la causa y descartó que se hubiera producido un pelotazo con la operación, como defiende el PSOE.

En cualquier caso, Javier Izquierdo ha advertido de que la nueva tasación pericial, que cifra el valor del edificio en 57 millones de euros, sigue estando por encima de los 41 que calcularon los técnicos de la Consejería de Hacienda.

Asimismo, ha subrayado que el director general de Presupuestos y Estadística de entonces y hoy, José Armando Baeta Canales, votó en contra del alquiler en el consejo de administración de ADE y que, previamente, se contrató para el inmueble, anterior a su adquisición, y la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, delegó la decisión en el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

«Dejación de funciones»

A juicio de Izquierdo, esto respondía a que Del Olmo «intuía que era una mala operación y se quiso quitar el muerto de encima», una «dejación de funciones» por parte de la consejera que el político socialista tildó de «irresponsabilidad».

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista criticó que la Junta haya decidido personarse como perjudicada solo en el caso de los contratos de compra de mobiliario para el edificio, y no en toda la causa, por lo que ha pedido a Pilar del Olmo que aclare «en condición de qué» quiere participar el Gobierno autonómico en el proceso, pues «no vale estar a la vez» como víctima «y como defensa de algunos de los altos cargos encausados».

Para Javier Izquierdo, esto supone un «absoluto intento» de «encubrir el desfalco» y lo ha comparado con la actitud del PP en el caso Gürtel, donde este partido «fue expulsado de la causa por entorpecer la investigación».

Su grupo, anunció, presentará una Proposición No de Ley en las Cortes para instar al Gobierno de la Comunidad a personarse en el conjunto de las diligencias.

Izquierdo se refirió también a la compra de los terrenos para la construcción del parque empresarial de Portillo (Valladolid) que, según el informe de la Intervención General del Estado, habría supuesto un desembolso a las arcas autonómicas de 33,7 millones de euros para adquirir a la empresa Parque Empresarial de Portillo unas parcelas por las que esta pagó 17.

Puso como ejemplo el caso de 14 fincas rústicas cuyo valor era, de acuerdo al baremo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, de 269.273 euros, pero por el que la sociedad pública ADE gastó 12,8 millones.

Además, el procurador del PSOE ha advertido de que antes de que los terrenos fueran propiedad de Parque Empresarial de Portillo, se produjeron sucesivas operaciones de compraventa entre otras empresas como Urban Proyecta o Cementos La Bureba, lo que habría supuesto una gradual multiplicación de su valor.

El PSOE, subrayó, «no dejará de trabajar» para investigar lo ocurrido, a pesar de que la comisión constituida en las Cortes para ello, así como para las posibles irregularidades en la concesión de licencias para parques eólicos, «se encuentre en rigor mortis por culpa de su presidente, Juan José Sanz Vitorio, al que han premiado por ello con la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes», declaró.