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Empleados de ADE impugnan el convenio que equipara personal a dedo sin titulación universitaria

Plantearán una demanda en el Juzgado de lo Social contra el acuerdo, que no firmó el presidente del comité de empresa de Valladolid

M. J. Pascual

Miércoles, 31 de agosto 2016, 17:20

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Trabajadores de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (antes, Agencia de Desarrollo, ADE) a través de sus representantes en el comité de empresa, han impugnado el acuerdo de la mesa negociadora que aprobó el convenio de Valladolid para personal laboral que permite asignar puestos de titulados a personal sin titulación universitaria y que sin oposición.

Según sus argumentos, que serán plasmados, después de impugnar el convenio por la vía ordinaria, en una demanda que presentarán en el Juzgado de lo Social, el convenio beneficia a empleados de empresas y fundaciones y penaliza a quienes proceden de la Administración, han aprobado una oposición y tienen titulación universitaria. Esta asimilación se produce a pesar de que la Agencia, subrayan, ya tiene «un elevado número de titulados universitarios en todas sus categorías profesionales y se han realizado ofertas de empleo público, como reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2013».

Estos trabajadores discrepan de la justificación ofrecida por la Junta y después por CSI-F (uno de los sindicatos que firmaron a favor) en una comunicación interna dirigida al personal de la Agencia, donde se considera que «quienes ya desempeñan una función sin poseer la titulación correspondiente tienen derecho, legal y jurisprudencialmente, a mantener la categoría».

Por el contrario, quienes impugnan el acuerdo explican que, aunque la figura del asimilado exista en los primeros convenios de la Junta, «lo ha sido con carácter excepcional y residual, para puestos a extinguir procedentes de situaciones creadas en la época franquista y asumidas en la transición, como ocurrió con instructores de Falange y profesoras de la Sección Femenina».

Consideran inaceptable que «en el siglo XXI y en plena democracia se pretenda crear, para algunos trabajadores sin titulación ni oposición, nuevas asimilaciones a titulado superior y medio, lo que contraviene la propia Constitución española en sus principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a puestos en la administración».

Entienden también que el convenio de un ente regional debe ser, del mismo modo, de ámbito regional, y no negociarse provincia a provincia, «pues tiene que regular cuestiones pluriprovinciales, como es el sistema voluntario de traslados, la promoción interna y el acceso a la libre designación entre trabajadores de distintas provincias». Sin embargo, apostillan, se firma un convenio de Valladolid, «con la opinión en contra de la mayoría de representantes regionales, quienes además tienen presentada un demanda contra la decisión de hacer convenios uniprovinciales».

Protección de datos

Otro aspecto que impugnan es que, en la publicación del convenio en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado sábado 13 de agosto, se incluye la firma de todos los representantes del comité de empresa, cuando el presidente del comité «ni lo ha firmado ni lo ha hecho en representación de ningún sindicato (pues ni siquiera la negociación era de carácter sindical)». Por tanto, afirman, la aprobación del convenio «no la realizó el comité de empresa, que ni siquiera se reunió para debatir sobre el mismo». También acudirán a la Agencia de Protección de Datos porque se ha publicado, sin su permiso, el nombre y la afiliación como si hubiesen sido firmantes «cuando no lo han sido».

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