El PSOE propone el límite del cargo de consejero a ocho años

El Grupo Parlamentario Socialista presentó un total de 36 enmiendas al Proyecto de Ley del Estatuto de Alto Cargo de Castilla y León, entre ellas la limitación de mandatos a ocho años para los consejeros de la Junta, «de forma continuada e interrumpida», con independencia de las carteras que asuman durante ese periodo. También propone que la Comisión de Ética Pública, que será la encargada de incoar y resolver los expedientes sancionadores que se tramiten a los altos argos, sea presidida por el máximo responsable del Consejo Consultivo con el objetivo de «alejar» este órgano del Gobierno autonómico y darle la máxima independencia.

Otras de las aportaciones del PSOE pasan por ampliar el propio ámbito de la ley a todo el personal eventual equiparado al Grupo A para y dotar de mayor participación a las Cortes para que pueda emitir un informe a la hora de seleccionar a los altos cargos pero también para que pueda revisar el cumplimiento de sus obligaciones. Por otro lado, una enmienda del Partido Socialista exige la responsabilidad de los altos argos ante un posible quebranto por el ejercicio doloso contrario a la legalidad y que perjudique a la hacienda de la Comunidad.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, exigió, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, coherencia y transparencia al Partido Popular porque «anda un poco escaso». No en vano, apuntó que hay mucha incoherencia entre lo que recoge el proyecto de ley y la realidad al recordar la limitación de mandatos de ocho años para el presidente de la Junta cuando Juan Vicente Herrera ya acumula 15 años, al igual que otros consejeros. También, en el caso de la incompatibilidad de los cargos de procurador y alcalde de más de 20.000 habitantes mientras continúan Alfonso Fernández-Mañueco (Salamanca) y Antonio Silván (León).

En ese sentido, Barcones abogó por que la transparencia debe empezar por modificar el Estatuto de Autonomía para abordar la regeneración democrática y luego descender a otras leyes. De ahí que solicitara voluntad política y capacidad de diálogo del Partido Popular.

El PSOE propone suprimir artículos como el que hace referencia a la incompatibilidad de alto cargo con la representación que pueda tener en el ámbito local, siempre y cuando no tenga dedicación exclusiva así como la obligación de que los consejeros deben comparecer en las Cortes porque es algo que ya sucede, a petición de los grupos políticos.

La nueva norma impide que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la administración pública pero el Partido Socialista demanda ampliarla para los que sean titulares de una cuenta o participen en empresas domiciliadas en paraísos fiscales. También plantea garantizar la paridad en las listas electorales para alternar los hombres y las mujeres en cada candidatura.

Código Ético

En cuanto al Código Ético y de Austeridad, el Partido Socialista solicita que tenga el máximo nivel como proyecto de ley y sea debatido en las Cortes. Una de las divergencias del PSOE con el texto es que la presidencia de la Comisión de Ética Pública recaiga en el máximo responsable del Consejo Consultivo, los cuatro miembros que le acompañen sean expertos y tengan asistencia técnica y jurídica de toda las áreas de la administración para dotar a este órgano de la máxima independencia. «La Junta no puede autoregularse», consideró Barcones.

Fue entonces cuando recomendó al portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Luis Fuentes, que hablara con Albert Rivera sobre «cómo se las gasta el PP en Castilla y León». Recordó, por ejemplo, la comisión de investigación de la trama eólica que lleva un año «bloqueada» por el PP que impide las comparecencias. «El papel lo aguanta todo pero la regeneración hay que demostrarla en la práctica», aseveró.

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