CCOO y UGT exigen derogar el artículo 315.2 del Código Penal

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ángel Hernández y Agustín Prieto, respectivamente, entregaron hoy en Valladolid a la delegada del Gobierno un documento de apoyo a los 300 sindicalistas encausados en España por el artículo 315.2 del Código Penal que, según los líderes sindicales, coarta un derecho constitucional como el derecho a la huelga y dificulta participar en los piquetes informativos, que reconoce la Ley de Libertad Sindical. De ahí que el documento exija la derogación de esta artículo por ser «franquista y preconstitucional» precisamente el día en que comienza el juicio contra ocho trabajadores de la empresa Airbus en Getafe (Madrid) para quienes se piden condenan de ocho años de cárcel.

Hernández lamentó que las penas a estos sindicalistas encausados no tienen relación con otros juicios como los que «han asaltado el sistema financiero o han vaciado con sus amigotes las administraciones públicas con el dinero de todos los españoles». Tampoco se olvidó de la rapidez con que la justicia ha actuado contra los sindicalistas mientras que en otros casos más graves se dilatan años para sentar en el banquillo a los juzgados.

Además, el secretario regional de CCOO manifestó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que si el artículo del Código Penal se aplicara a los empresarios que dificultan la celebración de una huelga supondría «llenar las cárceles de personas relacionadas con el sector empresarial». A su juicio, es una situación injusta para unos y para otros por lo que demanda su derogación.

Agustín Prieto consideró que los fiscales han cercenado el ejercicio libre de la huelga después de que este artículo no se haya aplicado en muchos años.» Hasta ahora ha habido un equilibrio para que los fiscales y los poderes políticos no presionaran para su uso, por lo que se permitía el derecho a la huelga sin existir problemas», apuntó. En cambio, en 2010 hubo un giro porque son habituales las identificaciones de ciudadanos en cualquier acto reivindicativo para «coartar» nuestros derechos.

Castilla y León no tiene ningún encausado con este artículo del Código Penal y, en ese sentido, ambos líderes sindicales destacaron el buen hacer de la Delegación del Gobierno en la Comunidad que ha sabido «conjugar» de forma adecuada el derecho a la huelga y el derecho al trabajo. Los únicos casos existentes por huelgas generales se saldaron en la región con multas económicas de 200 euros gracias a unos informes policiales «leves».

Tanto Hernández como Prieto mostraron su satisfacción con que partidos políticos de corte progresista como PSOE, Podemos e Izquierda Unida hayan anunciado la tramitación en el Congreso de los Diputados para derogar el artículo 315.2 del Código Penal. Hasta que llegue ese momento, pidió que los 300 encausados sean absueltos y de no ser así reciban el indulto.

Además, se suma la Ley Mordaza que supone una «cortapisa permanente» para evitar la manifestación de los cuidadanos. «Guste o no guste, los trabajadores estarán en la calle cuando haya que estar para protestar y reivindicar nuestros derechos de forma pacífica», sentenció el secretario regional de UGT.

Antes de la entrega del documento a la delegada del Gobierno, María José Salguiero, hubo concentraciones de cinco minutos a las puertas de las sedes de CCOO y UGT en defensa del derecho de huelga y en solidaridad con las personas encausadas.