Directores de Salud Pública piden al Ministerio coordinación y un calendario vacunal común

Las vacunas son el mayor avance en la protección de la salud. Beneficiosas, sin duda para médicos y epidemiólogos. La cuestión es cuántas, cuándo, bajo qué criterios de seguridad y eficacia, de ¿gestión centralizada o autonómica?, ¿solo cuando hay financiación pública?... Fueron ayer algunas de las preguntas para las que el I Foro de Vacunación Siglo XXI buscó respuestas entre especialistas en gestión, atención y epidemiólogos.

Organizado por El Norte de Castilla, los laboratorios Pfizer y el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, el encuentro se desenvolvió en tres mesas de debate moderadas por el director del periódico, Carlos Aganzo, y el vicepresidente de AtenciónPrimaria de la Asociación Española de Pediatría, Fernando Malmierca.

Distintas posturas en algunos aspectos; pero un claro punto de encuentro para los cuatro directores de Salud Pública que participaron en la jornada: El de un calendario común para toda España dado que las diferencias epidemiológicas, hoy por hoy, no justifican diferencias, criterios homogéneos de implantación y coordinación en su necesaria y continua actualización bajo los criterios de las evidencias científicas, en el ámbito del Consejo Interterritorial y con el liderazgo delMinisterio de Sanidad. El modelo pues o el actual, con debate y consenso entre autonomías, o el de la recentralización.

El otro punto en común fue el de una mayor financiación para las políticas de Salud Pública que tan solo se llevan el 1,5% del presupuesto sanitario en términos generales; lo que limita considerablemente las políticas de inmunización. En este punto, la jefe de Epidemiología de Castilla y León, Sonia Tamames, apuntó nuevas vías de financiación como la de que parte del calendario lo asumiera la asistencia, Sacyl en el caso de esta comunidad, mutuas y empresas o destacó que ya hay seguros privados de salud que lo cubren porque resulta rentable. Y lo es en términos de salud y de gasto sanitario puesto que reducen morbilidad e ingresos hospitalarios, coincidieron los ponentes.

También el director de Salud Pública de Castilla y León, Agustín Álvarez Nogal, defendió que las vacunas formen parte de la cartera de servicios. Ya en la primera mesa de debate, Juan José Hebrero, director de la Unidad de Vacunas de Pfizer, apuntó al ahorro que supone para el sistema sanitario: «Por cada euro que se invierte en vacunas para un adulto se genera un ahorro de cuatro». Sin embargo, destacó la restricción en los años de crisis.

La responsable de Salud Pública de Extremadura, María del Pilar Guijarro, reclamó responsabilidades al Ministerio de Sanidad, que «decide, negocia y compra y debería asumir la responsabilidad y no estas peleas de reinos de taifas». Agustín Álvarez, su homólogo castellano y leonés, defendió el modelo autonómico y el consenso e insistió en que «si de mí dependiera vacunarse sería obligatorio. Especialmente para los profesionales sanitarios». Y destacó que, con una inversión de 50 millones más para toda España, tendríamos el mejor calendario vacunal del mundo, mucho menos de lo que cuesta, que es fundamental, el tratamiento de la hepatitis C». Las quejas económicas también las puso sobre la mesa Manuel Tordera, el responsable castellano-manchego, y recordó que el acuerdo marco para hacer una compra conjunta de vacunas puede traer un riesgo, el de que a las farmacéuticas, que están para ganar dinero, no les interese y se lleven las vacunas a otro mercado. Esto puede traer un problema de desabastecimiento». Y recordó los casos de la meningitis B y la tosferina.

La responsable de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, defendió los criterios de coste-efectividad, de seguridad y eficiencia y de los avances en epidemiología para tomar decisiones. «Tenemos que creérnoslo y decidir conforme a ello».

La última mesa abordó la implementación y los retos desde el niño hasta el adulto en cuanto a la programación vacunal. Sonia Tamames destacó los cuatro principios de bioética que, a entender de esta epidemióloga, son básicos a la hora de tomar decisiones sobre calendarios que son: La beneficencia, la no maleficencia, la justicia en cuanto a equidad y la autonomía. Y planteó al auditorio si era legítimo que para implantar algunas vacunas, como ocurre ahora con al tosferina en mujeres embarazadas, haya que desplazar la de otros grupos por falta de abastecimiento suficiente. Y defendió el derecho individual a no vacunarse, pero abogó por la información y la capacidad para convencer; así como la importancia de que se firme un no consentimiento cuando se discrepa. Recriminó «falta de liderazgo para establecer un calendario común y aseguró al respecto que, para ello, «sobran intereses espurios, políticos, algunas industrias farmacéuticas, soberbia y beligerancia» y repasó el caso de la inmunización contra la varicela con críticas a la conducta de la Agencia Española del Medicamento.

Cerró el acto José Luis Almudí, médico de Atención Primaria y secretario de la organización colegial. Defendió el papel del profesional sanitario para informar y hacer un seguimiento del calendario del adulto. Abogó por la vacunación de los profesionales que trabajan con enfermos y se apuntó a lo que de que fuera obligatorio. Por último reclamó que el médico se enfrente al escepticismo de sus pacientes con confianza, evitando la complacencia y favoreciendo la conveniencia.