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Disminuyen las denuncias de violencia machista pero se dictan más condenas

Disminuyen las denuncias de violencia machista pero se dictan más condenas

Los juzgados de la comunidad reciben una media de once expedientes por maltrato cada día

M. J. Pascual

Domingo, 9 de agosto 2015, 13:57

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Casos que sobrecogen y desalientan, como el de la artista leonesa Sara Calleja, que decidió acabar con su vida tras dos años de acoso continuado por parte de quien fue su última pareja vuelven a poner sobre el tapete que, aunque se empleen todos los medios, nunca son bastantes para luchar contra el maltrato. Pero, a pesar de los fallos del sistema (también del educativo), algo que es reconocido por los propios jueces, en los diez años de evolución de los juzgados especializados en violencia contra la mujer, el engranaje de protección a la víctima y de penalización al maltratador ha evolucionado mucho. Sobre todo, porque se ha pulido la coordinación entre las administraciones, lo que ha redundado en rapidez de respuesta y eficacia. Hoy, en Castilla y León, desde el momento de que una mujer denuncia malos tratos en la Comisaría o en el puesto de la Guardia Civil, no pasan 24 horas y el juzgado ya ha dictado medidas cautelares contra el maltratador y órdenes de protección para la maltratada y sus hijos, si los tiene.

La estadística

Esta doble victimización, así como la presión social especialmente en el ámbito rural de Castilla y León y la interpretación errónea entre las más jóvenes de que el control sobre ellas de sus amigos o parejas significa amor, son factores que pueden estar detrás del descenso en el número de denuncias que llegaron a los juzgados de la comunidad en el primer trimestre del año. Según la última estadística realizada por el Observatorio de Violencia de Género, se registraron en Castilla y León 1.020 denuncias, lo que supone un descenso del 20% respecto al mismo periodo de 2014, cuando se registraron 1.518 denuncias en la región, 1.276 más. En cuanto a las órdenes de protección, en Castilla y León se solicitaron 304 y fueron admitidas 191.

La Ley integral contra la Violencia de Género establece que en cada partido judicial exista, como mínimo, un órgano judicial que asuma las competencias propias de estos juzgados. En Burgos, se creó en 2010, lo que ha supuesto especialización y coordinación en la materia desde entonces. La magistrada encargada del mismo, Teresa Gonzalo Rodríguez, explica que «nosotros nos dedicamos solo a estos asuntos, con más medios a nuestra disposición, lo que nos permite mayor coordinación con todas las personas que intervienen: policía, clínica forense, fiscalía, abogados, procuradores y psicólogos». Por lo tanto, sostiene, «la respuesta es más eficaz». Y más ágil. «Una mujer pone, por ejemplo, una denuncia en la Comisaría de Policía a las cuatro de la madrugada y nos llega a las pocas horas aquí, y una vez que yo tengo el asunto, la tramitación es inmediata». En la misma mañana, la jueza resuelve, tras escuchar a la víctima, al agresor y, si es necesario, realiza otras diligencias. «Me pronuncio sobre las posibles medidas cautelares en menos de 24 horas», señala. Este juzgado burgalés ve una media de medio millar de casos al año. En los seis primeros meses de 2015, resolvió 230. Los más comunes son maltratos, lesiones, amenazas y coacciones, aunque también «situaciones de violencia habitual».

Los más graves

La magistrada de lo Penal número 1 de Palencia, Olga Álvarez, señala que «cuando empezó a aplicarse la Ley, prácticamente todo llegaba al Juzgado de lo Penal, pero ahora la tendencia se ha invertido, tenemos muchos menos casos de violencia de género que hace tres o cuatro años». Pero ello, incidió, «no hay que interpretarlo como un menor número de denuncias, sino que se reconocen los hechos en los juicios rápidos o en la puerta de la sala de vistas», porque «la conformidad siempre es más beneficiosa para el acusado». La magistrada explica que «hasta el Juzgado de lo Penal llegan los asuntos más dramáticos, cuando la violencia no es un caso aislado». Más del 80% de los asuntos que resuelve son maltrato o lesión física, así como el maltrato continuado en el tiempo.

Las audiencias provinciales son las encargadas de revisar las resoluciones que dicta el juzgado de violencia de género, los juzgados de instancia con competencias en esta materia y las sentencias que dictan los juzgados de lo penal. A estos casos se les da preferencia porque es violencia de género, aunque la gran mayoría se confirman. «El juez que ha dictado esa sentencia ha visto a las personas implicadas y aquí nosotros solo vemos papeles», resume.

La otra función que tiene en esta materia la Audiencia Provincial es conocer en primera instancia de asuntos de violencia de género, es decir, «hechos presuntamente delictivos que tienen una pena superior a cinco años de prisión». Como los delitos de esta materia no tienen esas condenas, «los vemos porque van sumados a otros, por ejemplo, una agresión sexual, unido a unas lesiones o maltratos, o también homicidios por razón de género». En el caso de Burgos, en los seis primeros meses de 2015 se han revisado 17 casos de apelación de sentencia, se ha celebrado un juicio de faltas y, en cuanto a primera instancia, se ha sentenciado un caso que fue recurrido posteriormente al Supremo.

Teresa Gonzalo considera que lo más complicado en estos procesos es tutelar adecuadamente los intereses de los menores. «Las medidas legislativas están evolucionando en este sentido, en poner más atención en los niños, porque pasan por situaciones muy complicadas». Aunque el acento legal se pone en las mujeres con una serie de medidas, «los menores también padecen esa violencia, aunque solo sea por percibir el ambiente», recalcó. ¿Cómo proteger a los niños? «Con la formación adecuada de todos los agentes que intervienen, partiendo de letrados, equipos psicosociales y fiscales, además de sosiego y ponderación desde que se toman medidas cautelares, porque tienen su contrapartida con los menores». La jueza especializada de Burgos considera necesaria una visión integral para atajar el problema, es decir, «apoyo económico, social y psicológico para la víctima antes, durante y después del proceso». Recuerda que la Ley de 2004 establece cómo se tiene queenfocar, con medidas de protección de la víctima y también de represión al autor, «necesarias e imprescindibles». Insiste en que « se tiene que valorar desde una visión integral y, por lo tanto, el apoyo a la víctima tiene que serlo». En este sentido, subrayó que «es la única forma de que reconozca los hechos, denuncie y, posteriormente, pueda mantener su posición y no se produzcan esas situaciones contradictorias de retirar la denuncia, negarse a declarar o, incluso, encubrir a su agresor». Coincide en ello la magistrada de lo Penal número 1 de Palencia. «Pedimos que se venza el miedo y que se denuncie, porque hay un sistema de protección integral». Roger Redondo indicó al respecto que son muchos casos en los que, «por razones económicas fundamentalmente, las víctimas se desdicen de lo que dijeron en un primer momento». Y es que, «el no saber qué puede suceder, si tengo garantizados para mis hijos la alimentación o el colegio, hace que hoy todavía la víctima se frene, pese a las ayudas», subrayó Álvarez.

Las dificultades

Una de las mayores dificultades con la que se topan los jueces de violencia está en que la mayor parte de estos delitos ocurren en la intimidad del hogar. «Lo más difícil es valorar si mienten o no mienten, una persona frente a otra», afirmó el magistrado de la Audiencia de Burgos. «Muchas veces lo único que tenemos es el testimonio de la víctima». Indicó Olga Álvarez que, en estos casos, «no hay una prueba objetiva», por lo que se hace necesario un informe psicológico de valoración integral. «No hay cámaras, ni testigos, así que lo único que tenemos es la declaración», recalcó Teresa Gonzalo Rodríguez. Por lo tanto, los jueces tienen que valorar la verosimilitud, falta de incredulidad subjetiva, coherencia o persistencia, «requisitos que nos permitan justificar un pronunciamiento de culpabilidad». Otro problema es que, si se acuerdan penas de prohibición de aproximación y comunicación respecto de la víctima, ello supone que hay que articular cómo establecer la relación del padre penado con los hijos sin infringir la pena, señaló Teresa Gonzalo.

El uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, apostilla Teresa González, es hoy uno de los problemas más graves a los que se enfrentan porque «es un instrumento favorecedor de la conducta típica de violencia de género: muchas veces las amenazas se producen a través de estas herramientas, no dejan rastro y dificultan la persecución de los hechos y la determinación de la autoría. Olga González incide en que «cada vez hay más víctimas menores y algo tenemos que hacer, porque no es normal que los jóvenes hoy vean natural que tu pareja te controle, te diga con quién tienes que ir, cuándo y dónde, porque eso está a un paso de un acoso». Roger Redondo no quiso dejar de mencionar, entre los cambios importantes, el introducido por el Tribunal Supremo en 2008: cuando los miembros de la pareja se agredan recíprocamente y no haya prevalencia de superioridad, se condena por falta con la misma pena y no por violencia de género.

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