«Es irresponsable decir que el Gobierno puede influir en la independencia de los jueces»

Carga sin complejos desde su toma de posesión con el apodo de El Breve y quizá por eso mismo, porque es el ministro de Justicia que menos tiempo va a ocupar el cargo y no tiene tiempo que perder, Rafael Catalá parece que más que el don de la ubicuidad tiene el de la bilocación, la capacidad asombrosa de estar en dos lugares a la vez. No hace pereza para hacer bolos por toda España para explicar en un mismo día en Vitoria y luego en Valladolid como así lo hizo el pasado junio para clausurar el III Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, la reforma legislativa e instrumental de la Justicia que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular, ya convenientemente desespinada de asuntos escabrosos como la supresión de los partidos judiciales, la Ley del Aborto o la impopular Ley de Tasas. O, como en su último viaje relámpago a Valladolid, para respaldar a la nueva delegada del Gobierno, María José Salgueiro, a quien considera que tiene «el perfil perfecto» para realizar la interlocución del Gobierno central con el presidente Juan Vicente Herrera y, en tiempos ya muy próximos, para «vertebrar y coordinar la maquinaria de las elecciones generales en Castilla y León».

Eso le ocupó parte de la mañana del miércoles y, por la tarde, entre otras citas marcadas en rojo, una reunión para decidir las inversiones de su departamento, «las cifras finas» que presentaría a Montoro para integrarlas en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2016, que ayer mismo aprobó el Consejo de Ministros. Cifras en las que sigue siendo una incógnita si habrá partida consignada para la obra del Campus de la Justicia de Valladolid el próximo año, que iba a ser una de las mayores inversiones de infraestructuras del Ministerio de Justicia en la comunidad de Castilla y León. El cambio de planes del gobierno municipal deja en el limbo, de momento, 2,5 millones en concepto de IVA que el Ministerio iba a pagar al Ayuntamiento por la permuta de la parcela de Girón y una partida de 300.000 euros en los Presupuestos de 2015 con los que se iban a adjudicar e iniciar las obras este mismo otoño, una cantidad el ministro reconoce que no va a ser fácil de reasignar, se lamenta.

Entonces, ¿el Ministerio va a condicionar la siguiente dotación presupuestaria para el Campus de la Justicia a que se mantenga la ubicación en la parcela de Girón?

La programación se viene abajo si el Ayuntamiento plantea una expropiación, la modificación en el PGOU, ... lo que nos conduciría al punto en el que estamos hoy no antes de cinco años. Mientras tanto, continuará el problema de la dispersión de sedes, que conlleva críticas por parte de todos. La demora es una mala noticia para nosotros, supone modificar toda la planificación, pero también un coste importante para el Ayuntamiento, que va a tener que asumir el coste de la expropiación (si opta por otras alternativas, como El Salvador).

¿Habrá partida para este proyecto en 2016?

Con ese horizonte tan lejano, no haría falta presupuesto para 2016 ni para los años siguientes.

Soberanismo y corrupción

¿Tiene el Gobierno un plan b por si finalmente Mas sigue adelante con los comicios de la independencia a pesar de las resoluciones contrarias de los tribunales?

Hasta ahora lo que sabemos es que el presidente de la Generalitat ha convocado elecciones, como lo han hecho otras comunidades autónomas. Eso entra dentro de sus competencias, en el régimen normal de funcionamiento institucional, convocar elecciones el 27 de septiembre. No pueden ser otra cosa, nada más que esto, y esperaremos a lo que sucede hasta entonces; habrá que ver las mayorías... Las encuestas parecen decir que con esa lista única Mas no tendría mayoría. A partir de ahí veríamos que actuaciones se derivan. Si no se adecua a las competencias autonómicas, el Gobierno nacional tendrá que acudir al Tribunal Constitucional o a los tribunales ordinarios. Históricamente, Cataluña ha sido respetuosa con las normas. Es inimaginable que un Gobierno democrático se plantee vulnerar las leyes.

Dicen que sus viajes por las comunidades autónomas coinciden sospechosamente con repuntes en asuntos judiciales abiertos de corrupción que afectan a algunos de sus compañeros de partido. ¿Es el caso de Castilla y León, donde hay frentes abiertos en la Fiscalía relacionados con operaciones urbanísticas llevadas a cabo por sociedades públicas, que se están investigando?

Esas insinuaciones son indignas porque plantean que en España no hay Poder Judicial independiente. Se basa en la falta de respeto absoluta a la independencia de los jueces y denota un completo desconocimiento de la realidad de cómo funciona nuestra Justicia. Los procesos llevan el cauce que llevan. Lo hemos visto con el anterior alcalde de Valladolid (Javier León de la Riva), que ha resultado finalmente condenado, y eso acredita que la Justicia funciona, es independiente y no hay ninguna injerencia del Ministerio. Estamos haciendo una reforma legislativa para que mejore el trabajo de los jueces y fiscales, con más medios informáticos y creación de plazas. Ese es el trabajo del Ministerio de Justicia, en ningún caso decir a los jueces y fiscales lo que tienen que hacer. Es una irresponsabilidad mandar a los ciudadanos la imagen de que el Gobierno puede influir en la independencia de los jueces.

Este mes han entrado en vigor dos de las más contestadas reformas del Ejecutivo, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y el nuevo Código Penal, con la condena permanente revisable y, sobre ellas, la espada de Damocles de los recursos de inconstitucionalidad.

Los recursos se han planteado y han sido admitidos a trámite por el Constitucional. Estamos tranquilos porque las reformas han llevado un procedimiento en el que todos los informes han recibido múltiples enmiendas y tienen toda la calidad democrática, y el Código Penal ahora es capaz de responder a las nuevas fórmulas delictivas. Respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que alguien en un blog diga que le sorprende que las descalificaciones e insultos a un policía sean objeto de sanción...¿Cómo no lo va a ser? Hay que estar del lado del respeto a los derechos. Quien insulta a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado tiene que tener una responsabilidad penal.

Y solo en un mes, ya se han admitido matices en algunos textos, como en el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Usted ha prometido buscar una alternativa que beneficie tanto al derecho a la información como a los derechos del imputado (investigado), en relación al llamado paseíllo del telediario.

Estamos intentando una solución de equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la imagen y de la presunción de inocencia, y es una situación delicada. El artículo 520 busca esta idea. Sin perjuicio al derecho de la libertad de información, los responsables público (jueces, fiscales y policías) tienen que garantizar que se puede grabar e informar, pero los detenidos, esposados y dando trompicones... Tiene que haber un respeto hacia las personas. Hemos estado trabajando con la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) y creo que hemos conseguido una buena opción, equilibrada. La enmienda a ese artículo será aprobada a primeros de septiembre.

¿Qué asignaturas ineludibles en la reforma judicial deja para septiembre, una vez que usted ya ha dejado clara su postura respecto de la conveniencia de no adelantar las elecciones generales?

Ineludibles, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de los plazos de los procedimientos, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula las nuevas tecnologías en Justicia, es el apoyo legal a algo en lo que estamos trabajando intensamente en el último año, el objetivo de papel cero .

En junio se reunió usted con la comisaria europea de Justicia, Vra Jourová, para abordar asuntos como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Fiscalía Europea, la justicia penal europea, la Agenda de Seguridad y la política común en la lucha contra la violencia de género. ¿En qué se ha notado esta reunión, en cuáles de estos frentes se ha notado mayor avance?

En Europa las cosas van despacito, es un proceso complicado el de poner de acuerdo a los 28 estados, pero creo que donde se va a notar un mayor empujón es en la regulación de la protección de datos. Es tan importante el derecho al olvido que hay que establecer un procedimiento para hacerlo eficaz, que los ciudadanos puedan asegurar que se lleva a cabo efectivamente ese borrado de datos por parte de las empresas que gestionan las redes sociales. La comisaria europea pretende que ese reglamento esté aprobado en el primer semestre del año que viene. Más a largo plazo se ve la creación de un fiscal europeo, que se configura como un nuevo instrumento con competencias para investigar delitos financieros en el ámbito internacional.