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«Quiero hacer una gestión adecuada a la situación del lobo: La población se ha expandido»

«Quiero hacer una gestión adecuada a la situación del lobo: La población se ha expandido»

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

sonia andrino

Viernes, 1 de mayo 2015, 09:08

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Visiblemente más delgada, pero más activa que hace un año, Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) alcanzó el pasado miércoles su primer aniversario al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que ha crecido como activo fundamental y al que conducirá hasta el final de la legislatura. Después, ya se verá, dice, pero tiene claro que quedan aún muchos proyectos por acometer. Las jornadas maratonianas en el Congreso le han impedido incluso practicar en la última semana su deporte favorito, el tenis, pero aún así reivindica más horas del día, alguna de ellas incluso también para descansar. Pese a ello, tiene claro su compromiso con el sector y no escatima tiempo para él.

¿Cómo definiría la política agraria que viene haciendo su Ministerio?

Nuestra máxima ha sido trabajar para favorecer la competitividad del sector porque solo así tiene posibilidades de desarrollarse, crecer, dar oportunidad de empleo y generar riqueza en el medio rural, que es el objetivo último. Este Gobierno se preocupa especialmente del medio rural y más si lo comparamos con situaciones pasadas. Nosotros sabemos que cuando estamos desarrollando el sector agroalimentario español, lo que estamos desarrollando es la economía de los municipios.

¿Dónde se constata esa mejora en el medio rural?

Yo destacaría por una parte algo fundamental que es la investigación y la innovación. Hace poco hemos presentado el programa de investigación e innovación agroalimentaria forestal, que arrancó del análisis de las necesidades del sector en esta materia para integrarlas en las políticas europeas y que sean subvencionables. Queremos que a partir de la página web presentada, todos los operadores del sector agroalimentario (productores, industria, etc) tengan un fácil conocimiento y eso les ayude a acceder a la financiación pública. Hay mucho presupuesto y lo que pretendemos es que les resulte fácil acceder a ello y tengamos un sector cada vez más innovador.

Uno de los factores de esa competitividad es mantener la calidad, ¿está garantizada?

Hemos avanzado muchísimo en eso. Hemos revisado todas las normas de calidad y hemos acordado con el sector más de 500 productos. Además, hemos dado un apoyo importante a la calidad de la alimentación española a través de dos leyes remitidas a las Cortes. La primera, la ley de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas de ámbito supraautonómico, con la que se pretende reconocer y reforzar el papel de los consejos reguladores y dar seguridad jurídica a todos los operadores que pertenecen a las denominaciones de origen.

¿Y la segunda?

La ley para la defensa de la calidad alimentaria. Esta política se apoya en el fomento, la garantía y en la protección de los productos que se ponen a disposición de los consumidores. Lo que pretendemos es que las autoridades competentes tengan instrumentos legales para llevar a cabo debidamente los controles oficiales y garantizar el cumplimiento de las normas; tener un régimen sancionador armonizado y desarrollar las garantías de mercado único en materia de calidad alimentaria. Y, finalmente, algo muy importante que es establecer marcos de colaboración y sistemas de redes de intercambio de información entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

En ese sentido, la Unión Europea ya está desarrollando sistemas de alerta rápida...

Sí. Nosotros nos hemos adelantado a las obligaciones que vendrán de la Unión Europea para intercambio de información; por eso, esta ley regulará redes de intercambio de información alimentaria entre autoridades ante situaciones de fraude y en defensa de los consumidores.

Hablando de leyes, la última que han remitido es la de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ¿por qué era necesaria?

Esta norma tiene un aspecto muy importante que es el de facilitar información sobre las distintas protecciones que tiene el territorio y entregársela al registro de la propiedad y al catastro para que, a su vez, ellos lo pongan a disposición de los ciudadanos de tal manera que, cuando la gente vaya a informarse, sepa perfectamente cuáles son los condicionantes de un terreno, de una finca, de una explotación, etc, porque pertenezca a una protección ambiental que puede ser desde la Red Natura 2000 a zona de parque natural o nacional.

Este tipo de protección genera, en muchas ocasiones, malestar al ciudadano porque le impide desarrollar proyectos o, en última instancia, le condiciona..

Esa es una de las cosas que quiero destacar de esta ley porque también apoya las actividades económicas coherentes con la conservación de los espacios protegidos y que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y la creación de empleo.

Y eso, ¿se materializa en el medio rural? ¿Cómo lo vemos?

Sí. Por ejemplo, la semana pasada aprobamos cinco millones de euros para que las autonomías financien actividades económicas entre la población que vive en los alrededores de los parques nacionales. Hay muchas actividades compatibles; el turismo de naturaleza, por ejemplo.

Sí, pero eso necesita una labor casi más pedagógica que normativa, ¿no?

Nosotros lo que pretendemos es adaptarnos a lo que la UE considera que se puede desarrollar. Hay actividades económicas que son compatibles con el medio ambiente. Pero lo que también está claro es que plantear el medio ambiente contrapuesto a las poblaciones que viven en el ámbito local o al desarrollo socioeconómico, es una dirección por la que no va ningún organismo. Pretender enfrentar el medio ambiente a las personas que habitan en él impide el desarrollo económico. Precisamente es la gente que habita este medio quién más está haciendo por su preservación. Ellos son los mejores guardianes y lo que hay que hacer es ofrecerles posibilidades de desarrollo, cuidándolo.

Eso mismo dicen los agricultores cuando se les condicionan las ayudas al cuidado medioambiental, o los ganaderos cuando se les acusa de no proteger a las especies en extinción. Pero a estos últimos, les siguen preocupando los ataques de los lobos...

Sigue siendo un problema, sí. De lo que se trata es de adaptar la gestión del lobo a la situación actual. Este animal siempre ha sido una especie protegida, pero también es cierto que al norte del Duero tiene una protección (especie cinegética) y al sur, otra. Ya estamos terminando el censo del lobo, en el cual hemos visto cómo las poblaciones han aumentado casi el 20% en torno a 50 manadas) y se han expandido territorialmente. Es bueno, pero también tenemos que ser capaces de convivir con él. Eso es lo que plantearemos a la Comisión Europea en la revisión de la Directiva Hábitat. Es importante saber que el lobo no tiene depredadores, entonces es necesaria una gestión humana.

Tienen ustedes un aliado de peso, Francia. ¿Han hablado ya con la UE?

Primero tenemos que terminar el censo y, luego, estamos pendientes del calendario de revisión de la Directiva Hábitat que abrirá en breve la Comisión Europea. Ese será el momento más adecuado para revisar la gestión de esta especie.

Eso nos lleva a hablar también de caza y pesca. ¿Para cuando la licencia única en España?

Espero que para la próxima temporada de caza podamos poner en marcha el reconocimiento de licencias entre comunidades autónomas. Ya hay ocho (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Extremadura, Asturias, Aragón y Valencia). No obstante, en la Ley de Montes se contempla la creación de una estrategia nacional de caza porque hay aspectos que deben de ser coordinados entre comunidades autónomas. También crearemos la ley de infracciones de cazadores y pescadores.

Por terminar con la Ley de Montes, ¿han resuelto las discrepancias con los forestales?

Es que yo creo que ahí hay mucho ruido y pocas nueces. En absoluto esta ley modifica ninguna de sus competencias que, por otra parte, son otorgadas por las comunidades autónomas. Lo único que se hace es sistematizar sus funciones y lo único que se aclara, porque tampoco es nuevo, es cómo deben coordinarse en los supuestos en los que ante una misma situación coinciden con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas circunstancias no alcanzan ni al 2% de las situaciones.Aún así, hemos hablado con el Ministerio del Interior y estamos abiertos a cambiar la redacción de la ley porque a nadie se le quitan en absoluto funciones.

¿Cuál es el objetivo de esa norma?

La protección de la biodiversidad, facilitar la gestión de los montes para que estén cuidados y protegidos porque es la forma de evitar incendios y combatir el cambio climático, además de facilitar el aprovechamiento económico de los recursos forestales que tiene una gran importancia para Castilla y León. Nosotros lo que estamos buscando es el desarrollo local, dar oportunidades de empleo, de generación de riqueza, a todas las personas que viven en el medio rural.

Hablando de cambio climático, Naciones Unidas va a comunicar oficialmente que España ha cumplido con el compromiso de Kioto para 2008-2012, ¿objetivo conseguido?

La política de cambio climático de este Gobierno es un ejemplo de cómo la protección puede ir de la mano del desarrollo socieconómico. Hasta que llegó este Gobierno, lo que teníamos eran 770 millones que gastó el anterior para comprar derechos de emisión, es decir, papel para que se adoptaran medidas de cambio climático fuera de España que no dejaron nada aquí.

¿Y qué han hecho ustedes?

En vez de gastar el dinero del contribuyente en la compra de derechos de emisión, fomentamos a través de distintos planes, financiar inversiones que tienen como objeto un cambio de modelo productivo que implican actividad económica. Con lo cual, las inversiones, las reducciones de gases de efecto invernadero y el empleo de calidad se genera en España.

¿Cómo se detallarían esas inversiones? ¿Dónde se dirigen?

Son inversiones para adaptarse al cambio climático, muchas de ellas tendrán lugar en la costa, pero también hay dos especialmente importantes para Castilla y León.

¿De qué tratan?

De dos obras de conservación del medio rural en el dominio público hidráulico. La primera de ellas es la restauración de la laguna de Lastras de Cuéllar y Hontalbilla, en Segovia, donde se invertirán 700.000 euros, y la segunda, la restauración fluvial mediante infraestructuras verdes en el río Ucero (Soria) por 610.000 euros.

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