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Milagros Marcos, consejera de Familia de la Junta y responsable de la gesitón de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
2.600 personas que recibían la renta garantizada encontraron empleo el año pasado en la región

2.600 personas que recibían la renta garantizada encontraron empleo el año pasado en la región

La prestación ayudó a subsistir el pasado año a 33.912 personas pobres o en riesgo de exclusión, el 29% más que en 2013

M. J. Pascual

Domingo, 29 de marzo 2015, 17:10

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Es un tímido indicio de recuperación y hay que seguir estando vigilantes, advierten desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pero es un síntoma de mejoría entre las economías familiares más golpeadas por la crisis en Castilla y León: el año pasado, más de 2.600 beneficiarios dejaron de cobrar la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía un recurso de la Junta que es un verdadero balón de oxígeno para las personas más pobres o con un pie en la exclusión social porque encontraron trabajo. «Esto es un dato positivo, porque quienes han podido abandonar la prestación supera en más del 15% a quienes lo pudieron hacer el año anterior».

Pero, a pesar de lo positivo de este dato, para parar el golpe de los desahucios y también porque se ha ampliado el perfil de los posibles destinatarios de esta ayuda, entre otros factores, en 2014 creció el 29% el número de beneficiarios de la renta garantizada respecto al año 2013, pasando de los 26.227 ese año a los 33.912 de 2014.

Por derecho

Esta renta mínima periódica que garantiza necesidades básicas de subsistencia es, en Castilla y León, y a diferencia de otras comunidades autónomas, un derecho. Hace poco más de un año, el 27 de febrero de 2014, se aprobó el texto refundido de esta prestación, que incorporaba los preceptos de la Ley de Renta Garantizada y las mejoras introducidas en el Decreto-Ley por el que se creó la Red de Protección a las Familias. Esta modificación ha permitido agilizar los trámites ante situaciones especiales, garantizar que se cubran las necesidades básicas de nuevos colectivos, establecer un tratamiento preferente y atención prioritaria a menores y víctimas de violencia machista, y reforzar las medidas de control y seguimiento con el objetivo, subrayan desde la Junta, de «garantizar que la prestación llegue a quien realmente la precisa». Considerada desde la Administración autonómica «un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social en la comunidad», el presupuesto del último año se ha incrementado respecto al año anterior el 27%, alcanzando los 55 millones de euros, doce más que en el año anterior. Una cantidad que duplica la presupuestada en 2011 pero que, aunque a la oposición se le antoja insuficiente, como así lo ha puesto de manifiesto en las Cortes, desde la Presidencia de la Junta se ha insistido en que «siempre habrá fondos» para esta prestación dirigida a suavizar la situación de quienes peor lo están pasando, mayoritariamente, mujeres con hijos , enfermos, discapacitados o mayores a su cargo y, desde hace un tiempo también, todas las víctimas de violencia machista.

Desde que en 2010 se puso en marcha este recurso social en Castilla y León, el gasto acumulado asignado a esta renta ha sido de 165 millones de euros y desde entonces se han producido 335.936 informaciones y tramitado un total de 51.670 solicitudes, de las que el 93% se encontraban resueltas a fecha de 31 de diciembre pasado. Respecto del perfil de los titulares que perciben esta ayuda básica, el 58,90% son mujeres y el 41,10%, hombres. El 30,96% tiene edades comprendidas entre 36 y 45 años y el 25,97% tiene entre 25 y 35 años. Respecto de su lugar de residencia, el 62,92% de los titulares vive en el medio urbano y el 37,08% en el medio rural. Respecto de las unidades familiares, el 3965% es beneficiario único (suelen ser personas mayores sin familia que viven solas) y el 60,35% tiene cargas familiares. Del total de titulares, el 13,30% son extranjeros, 2.576 personas.

Desde la Consejería de Familia se destaca que la duración de la prestación es «hasta que la persona lo necesita» y no como ocurre en el resto de comunidades autónomas que tienen este recurso, donde la duración de la prestación suele ser entre seis y doce meses, prorrogables en la mayoría de los casos. En Castilla y León, insisten, en el departamento que dirige la consejera Milagros Marcos, «se configura como un derecho subjetivo y persistirá mientras que en la persona que lo recibe concurran los requisitos y condiciones exigidas en la normativa».

Cuantías

Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2013, publicado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, la comunidad de Castilla y León se encuentra por encima de la media nacional tanto en las cuantías mínimas (426 frente a 418) como máximas (692,2¤ frente a 667,62 euros). El gasto anual por titular de la prestación es en Castilla y León de 4.491 euros, frente a la media nacional de 3.248 euros.

Para que esta renta mínima llegue a más castellanos y leoneses que lo necesitan, la Junta de Castilla y León y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras alcanzaron el pasado 16 de febrero un acuerdo, en el seno del Diálogo Social, que supondrá la ampliación de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, porque se eliminará la incompatibilidad de esta prestación con los subsidios parciales de desempleo. Para ello, se ha decidió impulsar la tramitación por vía urgente de una modificación de la Ley para eliminar del articulado el régimen de incompatibilidades. Esta modificación fue aprobada en el pleno del pasado 27 de febrero por unanimidad de las Cortes y posibilitará que las personas que perciben un subsidio parcial por desempleo inferior a los 426 euros puedan llegar a esa cantidad.

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