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Un farmacéutico dispensa varias medicinas.
La justicia investiga una trama de tráfico ilegal de medicamentos

La justicia investiga una trama de tráfico ilegal de medicamentos

Farmacias de la región, sospechosas de recibir comisiones por revender medicinas

Ana Santiago

Domingo, 8 de marzo 2015, 09:45

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Toda una trama delictiva, con cuatro operaciones de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil abiertas en España y bajo un cierto confuso entramado legal, pendiente de la reforma del Código Penal que desampare definitivamente y castigue de forma contundente la exportación paralela e ilegal de medicamentos.

Castilla y León no es ajena a este fraude y, de hecho, hasta ahora la Consejería de Sanidad de la Junta ha abierto ya 41 expedientes sancionadores algunos con multas ya efectivas derivados de las actuaciones administrativas por la reventa ilegal de medicamentos por parte de oficinas de farmacia a países europeos, a través de almacenes implicados en la red, a cambio de sustanciosas comisiones. A los mismos se sumarán en breve otras siete oficinas derivadas de una de las operaciones de la Guardia Civil, la Caduceo, que es la única en la que ya se ha levantado parte del secreto de sumario, según los datos facilitados por la Dirección de Salud Pública.

Los 41 expedientes abiertos hasta la fecha en la región por esta reventa ilegal son de los años 2012 a 2014, con un claro incremento en este último y afectan a León y Zamora especialmente y, en menor medida, a Valladolid y Palencia, tanto en casos de titulares de oficinas rurales como urbanas. Con intervención de la Guardia Civil se registró un caso en la provincia de Zamora donde se pudo cuantificar el fraude en 200.000 euros de beneficios en un solo año por la reventa en este circuito ilegal. La sanción que pudo imponer la Junta con la legislación actual en la mano al ser infracción y no delito fue de 90.000 euros. Disponer de pruebas, albaranes, facturas... hace difícil perseguir estos casos y más, dado que la actual legislación solo obliga a tener copia de las recetas dispensadas durante solo tres meses.

La regulación de este sector del año 2006 consideraba a una farmacia como una oficina para dispensar medicinas al por menor; pero no prohibía de forma específica que pudiera hacer labores de almacenaje y redistribución;lo que abrió caminos al menos muy poco éticos. La necesaria modificación legal de dicha normativa llegó en 2012 e introdujo como una infracción grave esta reventa tras detectarse la proliferación de este tipo de conductas. Todos los casos anteriores a esta ley han tenido que ser archivados en los juzgados.

Las causas

La crisis trajo consigo dos efectos que han favorecido este tráfico de medicamentos ilegal. Por una parte, y aunque el Gobierno español siempre ha intervenido los precios, en los últimos años la regulación de los mismos ha sido tan a la baja que la diferencia entre una medicina en España y en los países centro europeos puede superar el 100%. Y aquí radica el negocio, estas redes ilegales compran a precio español y revenden, sobre todo en Alemania aunque también en el Reino Unido, Dinamarca y Holanda, entre otros con menor comercio, a precio europeo, mucho más alto, con márgenes de beneficio que se mueven entre el 80% y el 150%.

La otra causa que ha favorecido que algunos farmacéuticos solo afecta no obstante al 3% de las 1.640 oficinas que hay en Castilla y León se hayan implicado en esta trama es que algunas oficinas, especialmente en las zonas rurales, realmente no resultan viables. Hay tal cantidad de boticas en la comunidad la segunda de España con menor ratio de habitantes por dispensario, tras Navarra que tiene una ordenación más libre y particular que algunos pueblos con solo doscientos habitantes tienen farmacia. La dificultad de hacerlas sostenibles con esta baja demanda y más con las bajadas de los precios de referencia puede hacer muy tentador sumarse a esta oferta ilegal, y más con las primeras indefiniciones legislativas. Salud Pública calcula que hay más de 300 inviables en la comunidad.

Es más, hay mafias asentadas en España dedicadas a captar a farmacéuticos titulares para el comercio inverso de medicinas e, incluso, antes de que abran la oficina, les animan a hacerlo con garantías de beneficios.

Desabastecimiento

Esta distribución inversa puede provocar, y de hecho lo hace, el desabastecimiento de algunos fármacos que no llegan al paciente, es decir, un importante problema de salud pública, hasta ahora solventado para los pacientes, no sin molestias para él y coste para la Administración. Concretamente, los fármacos más afectados han sido Prograf, indicado para evitar el rechazo de un órgano trasplantado, cuya falta puede generar el consecuente ingreso hospitalario y la pérdida del órgano. Este fue el caso más frecuente en Castilla y León.

Asimismo, también se registraron problemas de suministro de la Mercaptopurina, indicado para determinados casos de leucemia y de Sinemet para el parkinson, entre otros. «La falta de estos medicamentos hace que el paciente no pueda recibir de forma continuada el tratamiento, son fármacos que no se pueden sustituir, lo que da lugar, además de a una posible ineficacia en el tratamiento de su patología, a un agravamiento de la enfermedad por la interrupción», según recoge la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en su informe sobre todo este proceso.

Provocar con este tráfico paralelo de medicamentos problemas de desabastecimiento es la clave para poder tipificarlo en la reforma del Código Penal como un delito contra la salud pública; aunque no es esta la única transgresión legal que puede imputarse.

La trama

El laboratorio fabricante de los medicamentos tiene dos vías de venta en España, con dos precios enormemente distanciados. Está el canal español, es decir, directamente o a través de distribuidoras de medicamentos, vende a las oficinas de farmacia con precios bajos al estar intervenidos por el Estado, marcados. O bien, a precio libre y mucho más caro, puede hacer llegar sus productos al extranjero. En la Unión Europea el mercado es libre, igual con fármacos que con cualquier otro producto de consumo no sanitario.

Cuando llegan los medicamentos a la farmacia, la oficina por ley solo debería dispensárselos a sus pacientes que, con o sin receta, pagan al precio establecido; pero, en estos casos, hacen acopio de aquellos con los que piensan traficar, esta compra es legal. Después los desvían, los revenden, lo que ya es ilícito, a un almacén pantalla. Este depósito está regularizado, no ha sido creado solo para traficar, sino que se dedica a la exportación o distribución, legal e ilegal. Así, estos almacenes compran a precio intervenido, rebajado, y venden a coste alto.

Las farmacias se llevan sus comisiones y utilizan diversas vías para esta desviación. O bien usan el canal de la devolución de medicamentos; o los camuflan ente los productos de parafarmacia; algunas oficinas incluso se han dado de alta como almacenes, es decir, que son también mayoristas; e, incluso, como alguno de los casos de Castilla y León asumen la sanción administrativa, porque el beneficio sigue compensando. Dos puntos débiles en la trama levantaron la alarma: El desabastecimiento y la compra inusual y desmedida de fármacos, adquieren mucho más de lo esperado, además de alguna denuncia puntual como en uno de los casos de la comunidad en que un empleado despedido presentó la pertinente denuncia de estas prácticas. El mayor perjudicado es el laboratorio. A las compañías farmacéuticas, que son europeas o internacionales, no les interesa que otros compren a bajo precio en España y vendan a alto en exportación paralela a la legal que realiza el propio laboratorio. Y tampoco obtiene beneficio alguno de que se creen problemas de desabastecimiento con sus productos. Fueron sus denuncias fundamentalmente las que pusieron en marcha varias operaciones de la Guardia Civil e intervenciones judiciales.

Hay cuatro en concreto al respecto en España. La Operación Caduceo, desarrollada en colaboración como todas con la Agencia del Medicamento, implica a 70 farmacias de seis comunidades. Es la única que tiene ya abierto parte del sumario. De ahí, que Salud Pública conozca ya que, en la misma, hay siete farmacias de Castilla y León implicadas. Las otras tres aún están bajo secreto de sumario: La Operación Pharmakon, abierta en Aragón una de las comunidades con mayor tráfico ; ésta, con el avance de diligencias, abrió paso a la Convector que sumó más de 25 imputados y, la cuarta, la Operación Noisa, en Galicia que implica sobre todo a León.

Al detectarse el sistema de acopio de las farmacias, cambió el modus operandi y comenzaron a entrar en la red los llamados mochileros. Recorren diversas farmacias, cambiando incluso de comunidad, y adquieren varios envases en muchas oficinas. La receta se falsifica. Acuden con presuntas prescripciones de clínicas privadas, con el número de colegiado... y compran. Hasta el momento, no han aparecido casos de médicos implicados, sino de utilización de sus datos de forma fraudulenta. Esta conducta añade otro delito perseguible, el de falsificación de documento público, que se suma así al que atenta contra la salud pública;pero no se queda ahí. También serían imputables delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capital y pertenencia a grupo criminal. La Junta ha remitido siete presuntas falsificaciones de recetas al Ministerio Fiscal, no necesariamente para este fraude.

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