El TSJ anula las jubilaciones forzosas de Sacyl y le impone indemnizaciones

Son dos sentencias gemelas, antecedentes de otros muchos recursos bajo los mismos argumentos que este mismo fallo judicial ya anuncia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado sentencia en contra de Sacyl y no solo anula las jubilaciones forzosas y, por lo tanto, establece el derecho a reincorporarse al puesto de trabajo de los médicos a los que no se les permitió prolongar su vida laboral, sino que establece el derecho al abono de las retribuciones dejadas de percibir sin perjuicio, además, de su compensación con las prestaciones percibidas del sistema de Seguridad Social. Y, también recoge la obligación al pago por parte de la Consejería de Sanidad del interés legal de dichos salarios no percibidos así como el ingreso de las cotizaciones sociales como si hubieran estado activos.

Tres son los motivos que analiza la Sala de lo Contencioso-Administrativa para estimar estos recursos. En primer lugar, el «de la falta de competencia en el órgano que adoptó las resoluciones de jubilación forzosa», que fue la Gerencia de Salud cuando tenía que haber sido el consejero de Sanidad de la Junta. Recoge el texto judicial que con este solo razonamiento jurídico sería suficiente «para la íntegra estimación del recurso administrativo»; pero al considerar «relevantes» también los otros motivos de la impugnación entra a analizarlos más allá del citado defecto de forma. Así valora que en dichas decisiones administrativas para no prorrogar la vida laboral hay una ausencia absoluta de motivación y ello pese a que, en el Plan de Jubilaciones, se recoge por ejemplo la necesidad de rejuvenecer las plantillas pero no se alude a ello cuando se jubila a los recurrentes.

Y, por último, analiza que se vulneran los derechos adquiridos. En ambas sentencias los médicos afectados ya disfrutaban de la prolongación en la permanencia en el servicio activo con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de Sacyl.

Según explica José Luis Celemin Santos, abogado de la Cesm en León y del Consejo General de los Colegios Médicos de Castilla y León, que lleva unos cuarenta casos de dicha provincia, aunque el tercer argumento, el de estar ya disfrutando de prolongación, no incluye todos los casos, algunos son posteriores a la citada orden que activó el plan de jubilaciones, los otros dos falta de motivación y de competencias son extensibles a todos. Destaca este letrado que «fue un plan puesto en marcha con calzador, con falta de negociación con los representantes tanto sindicales , de la Cesm, como de la Organización Médica Colegial, que privó al sistema sanitario de profesionales muy capacitados y, además, no fue acompañado de reposición, en Primaria si ocurrió más como hasta la mitad, pero no así en Especializada, fue una decisión con el objetivo de ahorrarse los trienios, la carrera profesional...».

Aunque los cálculos son una práctica casi imposible para las partes; lo cierto es que la Consejería, condenada a costas, pretendía ahorrar entre 10 y 15 millones de euros con estas jubilaciones y que solo en León y Valladolid hay 40 y 50 recursos presentados; previsiblemente serán, según cálculos del sector, más de dos centenares los médicos que recurrieron y entre año y medio y dos años el tiempo adeudado en toda la región. El débito podría ser de unos tres mil euros por mes y facultativo, incluyendo la Seguridad Social.

Responsabilidades políticas

«Responsabilidades políticas, aún por concretar, todo esto requiere una mayor reflexión y análisis. También jurídicas, a los asesores de la Junta que han presentado informes favorables», destaca José Luis Díaz Villarig, presidente de la Cesm Castilla y León y también de la organización colegial autonómica.

«No solo va a suponer un desembolso importantísimo, difícil de cuantificar ahora mismo porque las situaciones son desiguales en cuanto a tiempo y retribuciones, pero halamos de una cantidad importante y lo que es también gravísimo, sino una difícil reordenación del sistema».

Si los médicos afectados reclaman su reincorporación laboral, «en muchos casos lo harán a puestos que han sido ocupados y, en ocasiones, a cargos como jefes de sección o de servicio y cómo desplazar a los nuevos titulares de las plaza», se pregunta Villarig anunciando no solo un caos que reorganizar sino la vulneración de derechos de nuevos profesionales que ocupan viejas plazas.

Incomprensible

«Incomprensible» y «desconcertante». Es la valoración del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, de las nuevas sentencias «por sus razonamientos» y «por ser tan contrarias a los criterios de otras salas del mismo tribunal». Recuerda el responsable sanitario que «el propio Tribunal Superior de Justicia avaló el plan de jubilaciones, lo consideró ajustado a derecho y hay además 46 sentencias enBurgos individuales que nos dan la razón y ahora resulta que aquí nos la quitan. Incomprensible». Destaca Sáez Aguado que, en cuanto a la competencia del gerente para tomar tales resoluciones, «es algo que recoge el propio plan, establece que resolverá el gerente, en el punto 5, de forma expresa».

Respecto al argumento de la motivación «también incomprensible. Las propias sentencias recogen que el plan de jubilaciones se sustentaba en determinadas motivaciones, entre ellas, las del rejuvenecimiento de plantillas. Para eso se aprueba el plan conforme al cual luego se concede o no la prolongación de la vida activa».

La Junta de Castilla y León, no obstante, ya anuncia que presentará recurso de casación ante el Supremo. El consejero explica que, además, «se nos genera un problema importante con estos bandazos judiciales. No sabemos a qué atenernos, ¿a qué sala hacemos caso? Y sigamos a la que sigamos nos pueden acusar de prevaricación, hagamos lo que hagamos. Cuando tengamos que resolver nuevas jubilaciones, será imposible saber cómo llevarlas a cabo sin faltar a alguna sentencia. Incomprensible».