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Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León durante una sesión plenaria.
La lucha contra la corrupción se abre paso en el debate de las Cortes regionales

La lucha contra la corrupción se abre paso en el debate de las Cortes regionales

Abordarán hoy dos propuestas de regeneración política: la primera del PSOE, con 80 medidas, y la segunda, del PP, con 34

Susana Escribano

Miércoles, 26 de noviembre 2014, 09:19

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Hay dos documentos sobre la mesa con bastantes puntos coincidentes. Algunos al 100%. Otros con matices. Y otros en los que el desencuentro es palpable. Dos propuestas y el pique político por ver quién tiene más espíritu regenerador en materia de transparencia y control de la gestión pública. El orden del día del pleno pone por delante la proposición socialista. Se presentó antes. «Lo que hacemos es, básicamente, recopilar todas las iniciativas que hemos planteados esta legislatura, perseguimos reforzar el control sobre lo que se ha hecho, lo que no y por qué», explica Ana Redondo, portavoz del PSOE. En total, 80 medidas.

El PP hizo pública su propuesta el lunes y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, destacó que incide en un «control más exhaustivo de la gestión pública y en la exigencia de responsabilidades ante comportamientos inadecuados». Inadecuados puede sustituirse por corruptos. «Nuestra proposición no es un final, marca el inicio de una negociación», señala Carriedo, al apuntar que buscan el consenso para centrar y aplicar muchas de las medidas.

La primera que plantean los populares es la reducción del número de procuradores que se sientan en el hemiciclo autonómico y también los están en nómina de las Cortes con dedicación exclusiva. El acuerdo aquí será complicado. PSOE e IU, en las Cortes, y UPyD, fuera de ellas, se oponen a este recorte. «Quieren ganar con modificaciones legislativas lo que saben que pueden perder en las urnas. Es una reacción de miedo. También nos sorprende en la proposición del PP que incluyan medidas sobre las que han votado en contra en estas Cortes», censura Ana Redondo, que entiende que el que haya menos procuradores beneficiaría electoralmente al PP. «Los ciudadanos han hecho un ejercicio de austeridad, otras administraciones públicas también, la pregunta que tenemos que hacernos es si podemos realizar el mismo trabajo

con menos parlamentarios», argumenta Carriedo.

Coincidencias

El cruce del conjunto de las 80 medidas socialistas con el conjunto de las 34 populares da lugar un espacio de intersección en el que se sitúan las iniciativas similares, propicias al acuerdo. Los dos plantean la eliminación del aforamiento de los procuradores autonómicos. El PP propone la limitación de mandatos en las presidencias de la Junta y las Cortes, incluso para los procuradores autonómicos. Lo hace sin concretar el número máximo de años en el cargo. Los socialistas se ciñen al presidente de la Junta, para el que plantean un máximo de ocho años.

Los dos documentos incluyen la obligación de los procuradores de presentar certificaciones al inicio y final de la legislatura para vigilar posibles variaciones sospechosas de renta y patrimonio. En materia de transparencia, los populares plantean adelantar la fecha que marca la ley estatal para hacer públicos los contratos de la Junta y las empresas públicas y los socialista habían propuesto en su iniciativa la publicación, con acceso «cómodo y sencillo», de todas las contrataciones desde 2010.

Restricción de donaciones a los partidos, acceso vía internet a plenos, medios para investigar la corrupción y medidas contra los corruptos son parcelas abonadas a un principio de acuerdo, que se antoja complicado en iniciativas concretas como la creación de una Oficina Anticorrupción Autonómica.

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