El nuevo catálogo para prestar atención social
'a la carta' comenzará a aplicarse en enero

El nuevo catálogo para prestar atención social 'a la carta' comenzará a aplicarse en enero
/ Personal sanitario atiende a personas mayores en un centro del Alzheimer en Salamanca. EL NORTE
  • Familia remata el nuevo modelo de atención que da prioridad a las necesidades sobre el colectivo al que se pertenece para que pueda ser aprobado en diciembre

El cambio da un verdadero vuelco al modelo tradicional y busca sustituir la atención en función del colectivo al que se pertenece como mujer maltratada, mayor, dependiente, toxicómano o persona con discapacidad... por una respuesta administrativa que logre centrarse en las necesidades individuales, unas prestaciones más flexibles, unos apoyos ‘a la carta’ de cada persona. Y ello en una clara huida del encasillamiento porque, además, una misma persona suele encajar en varias opciones, puede ser una víctima de violencia doméstica, con menores a su cargo, problemas de inserción laboral y con problemas de drogas a la vez. Sin embargo, el sistema actual la ‘encajaría’ en algún dispositivo en función de su primera puerta de acceso a las prestaciones y difícilmente se daría cobertura a su amplio abanico de necesidades. De ahí, el cambio de modelo que se apoya en la estructura de un nuevo catálogo que gira en torno a este ámbito de la necesidad con cada una de las ayudas y servicios que lo integran.

Muchas de las prestaciones se subdividen en modalidades que se identifican con las distintas actuaciones o servicios que derivan de la prestación para satisfacer la necesidad, teniendo en cuenta las características del grupo específico al que se destina la ayuda. Las prestaciones o sus modalidades que componen el catálogo, «identifican las que para un grupo específico que cumpla las condiciones de acceso se califican como esenciales, es decir garantizadas como derecho subjetivo», recoge el proyecto de Decreto. En cuanto a las llamadas no esenciales se tendrá derecho a las mismas en función de recursos y con el orden de preferencia que se establezca.

El catálogo entrará en vigor si toda va como espera la Consejería con el año nuevo. El departamento que dirige Milagros Marcos Ortega trabaja con la intención de que el mismo pueda aprobarse en el próximo mes de diciembre.

La Consejería de Familia decidió cuando comenzó a trabajar para dar respuesta a las exigencias legislativas y a su propio objetivo de atender de forma más amoldada, más individual, a cada persona ir más allá de la mera obligación de elaborar un catálogo de servicios. Quiso, explican fuentes de la misma, superar el concepto de hacer simplemente una gran base de datos. Más de tres años de trabajo han dado la vuelta al molde y la persona se ha convertido en el eje y centro y el catálogo es una herramienta para encontrar cuantas ayudas, y en principio todas son compatibles, se ajusten a su necesidad y sin la obligación de que el número de horas, por ejemplo, en un centro de día sea igual para todos los mayores.

Funcionamiento

Así, Familia ha elaborado en realidad dos catálogos paralelos que encuentran su confluencia y se funden en el plan individual de atención en lo que la Consejería ha dado en llamar la ‘matriz’. Así, por una parte, la Administración ha establecido diez grupos de necesidades diferentes con 38 carencias a atender. El modelo analiza así aspectos de movilidad y desplazamientos; el entorno familiar y de convivencia; necesidades básicas de subsistencia, o la capacidad para desarrollar las actividades básicas de la vida, entre otros y, dentro de cada apartado, esta ordenación recoge otros subgrupos sobre necesidades de apoyo en la alimentación; ayudas técnicas; apoyo emocional al cuidador; desarrollo de capacidades cognitivas o sensoriales... y así una larga lista que permite marcar las más variadas carencias que precisan prestación y ello, a su vez se investiga para tres ámbitos: Autonomía y dependencia de la persona; convivencia familiar, es decir, el apoyo que pueda o no tener el futuro beneficiario en su entorno para evitar la exclusión social. El trabajador social marcaría en cada uno de estos tres ámbitos las necesidades detectadas entre las 38 establecidas.

Por otra parte, en paralelo, el método dispone de un catálogo de prestaciones. Son ocho grupos concretos en función de su contenido y de la estrategia de atención que conllevan 36 prestaciones que se desglosan en 1.100 modalidades. Un aspecto que se ha desarrollado mucho en el último año al superar el millar cuando arrancó solo con poco más del centenar.

Críticas del CES

Al Consejo Económico y Social (CES) le preocupa que los niveles de atención definidos en el Proyecto de Decreto del catálogo «no están suficientemente claros, surgiendo dudas de si todas las prestaciones del anexo están incluidas en los tres niveles, ya que hay algunas que no tienen ubicación en ninguno de ellos» y pone como ejemplo la prestación tipo ‘Servicio de información especializada sobre mujer’ (código 1.6) que podría estar dentro del nivel de atención de información y evaluación de necesidades. El CES considera que es una prestación dirigida a toda la población, ya que no todas las mujeres en su conjunto como personas están en situación o riesgo de exclusión social.

Entre sus conclusiones y recomendaciones, este organismo, además de aconsejar la rápida aplicación del modelo que arrastra retraso y de apoyar su contenido en términos generales, considera que los niveles de atención definidos no están suficientemente claros, lo que motiva sus «dudas» acerca de si todas las prestaciones están incluidas en el mismo; ya que «hay alguna que no tienen ubicación» en ninguno de los tres niveles establecidos.

Asimismo, indica que debería tenerse en cuenta las características propias de Castilla y León tales como «el envejecimiento, la baja densidad demográfica y la tendencia a la concentración en los núcleos urbanos» para que se garantice un acceso homogéneo para todas la población. El CES incluye la «necesidad de clarificar que los profesionales que desarrollen actuaciones dirigidas a la detección, diagnóstico, valoración, planificación de caso y seguimiento de las necesidades sociales, tanto individuales como colectivas, son del sistema de responsabilidad pública, ya que estas competencias son propias de las administraciones públicas».