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Acceso por un camino lleno de baches a una urbanización irregular en la provincia de Palencia.
La vía para legalizar viviendas irregulares ofrece una salida a 50.000 propietarios

La vía para legalizar viviendas irregulares ofrece una salida a 50.000 propietarios

La Ley de Regeneración Urbana, que entró en vigor la semana pasada, articula un procedimiento para regularizar asentamientos que tienen entre 20 y 40 años de antigüedad

s. Escribano

Lunes, 27 de octubre 2014, 13:53

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En Castilla y León hay 153 asentamientos de viviendas construidas de forma ilegal sobre suelo rústico, que ocupan 5.039 hectáreas a una media de diez casas por hectárea: total, aproximadamente 50.390 viviendas. La entrada en vigor esta semana, un mes después de su publicación, de la Ley de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, y sobre sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo (a partir de aquí, Ley de Regeneración Urbana, por simplificar) pone en marcha un mecanismo para regularizar «asentamientos ilegales» de viviendas del que se pueden beneficiar hasta 50.000 propietarios.

En Valladolid, Zamora, León, Ávila y Burgos, se da una especial incidencia. A diferencia de estas provincias, el problema urbanístico en Soria sería poco más que testimonial. Son casas levantadas, desde el punto de vista de la legalidad urbanística, por las bravas, y que carecen de servicios básicos regularizados. Es imposible de escriturarlas. Son viviendas que no cumplen con la ley, pero que no se derriban por el coste económico, social y medioambiental de este proceso. Se han convertido en una patata caliente que pasa de alcalde a alcalde.

«Existía una demanda social para articular este procedimiento, de ayuntamientos que se habían puesto en contacto con nosotros y también de alguna comunidad de propietarios», explican desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Son viviendas construidas en la década de los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, sin ningún tipo de licencia y en un suelo no apropiado, y que están ahí, dando lugar a una situación ilegal de ello y, en la práctica, irreversible, porque es imposible la vuelta del terreno a su situación originaria.

Fosas sépticas, abastecimientos inadecuados, riesgo potenciado en caso de crecidas de ríos y arroyos al estar en terrenos inundables y malos accesos porque son urbanizaciones que, desde el punto de vista legal, no existen.

Sobre estas áreas se diseñará un Plan Especial de Regularización, que recogerá las condiciones y los pormenores de los usos permitidos y autorizables, además de las dotaciones urbanísticas e infraestructuras necesarias para su legalización. Este plan especial se someterá a la Comisión Territorial de Urbanismo y sus costes recaerán en los propietarios o titulares, al margen de los acuerdos que estos alcancen con los ayuntamientos.

La regularización, con el coste que conlleva para los propietarios, podrá iniciarse con el apoyo de una mayoría cualificada de los dueños de las viviendas de un asentamiento. No se necesita unanimidad, requisito que se ha obviado para evitar el bloqueo que podría generar la oposición de un único propietario o de un número residual de ellos.

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