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El juez archiva la investigación sobre la partición de contratos de la Junta

El juez archiva la investigación sobre la partición de contratos de la Junta

El instructor no ve indicios de prevaricación en la actuación de los nueve cargos de la Consejería de Economía que autorizaron las contrataciones de 2010

M. J. Pascual

Lunes, 1 de septiembre 2014, 13:33

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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, ha dictado auto de archivo de la denuncia de irregularidades en 22 contratos realizados por la Junta en 2010, investigados bajo la sospecha de haber sido partidos para eludir los controles administrativos. El instructor citó como imputados el pasado abril por un presunto delito de prevaricación administrativa a nueve cargos, excargos y técnicos de la Consejería de Economía al detectarse indicios de irregularidades en esos contratos menores realizados en 2010. El juez ha investigado si algunos eventos que debían haber salido a licitación pública, al superar los 18.000 euros, fueron divididos aunque formaran un todo del mismo objeto, para que su valor fuera menor a esa cuantía y poderse asi adjudicar directamente. Tras la investigación, el instructor considera que no hay prevaricación en la actuación de los nueve cargos y excargos de la Junta imputados.

El pasado abril fueron interrogados por el juez, en calidad de imputados, Rafael Llanos Barrocal, entonces jefe de Servicio de Prevención, Miguel Ángel Diez Mediavilla, exdirector general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales de la Dirección General de Comercio; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de servicios, también de la Dirección General de Comercio, al igual que Ana María Lorenzo Fernández, jefe de servicio de dicho departamento; Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe del servicio de Análisis Económico de la Dirección General de Economía; y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía en las fechas en las que se realizaron dichas contrataciones.

La investigación penal arrancó el pasado enero desde la Fiscalía Anticorrupción en Valladolid y León sobre contratos bajo sospecha de prevaricación por un «fraccionamiento prohibido», tras la fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas en una muestra de 57 expedientes de contratos menores de esta Consejería, con una cuantía superior a los 6.000 euros, correspondientes al ejercicio de 2010. Estos expedientes auditados por el órgano regional suman un importe superior al millón de euros.

Requisito de publicidad

En 22 de estos 57 expedientes «se habrían eludido los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de adjudicación correspondientes», según el Consejo de Cuentas. En ellos «hay coincidencia en el objeto de las contrataciones» y su importe supera los umbrales establecidos en el artículo 122.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se trata de contratos de obra y 18.000, el resto. Estos contratos supuestamente irregulares suponen un importe global de 404.405,60 euros.

Los contratos investigados han sido los suscritos para la organización de la Pasarela de Castilla y León, que se celebró en Burgos del 9 al 11 de marzo de 2010. Este expediente tiene dos contratos por cuantías, respectivamente, de 16.560,41 y 6.960 euros, IVA incluido, que se remiten a una misma propuesta y aprobación del gasto por importe de 34.000 euros. Según el expediente, se realizó un gasto total de 30.965,59 para alquilar los espacios del desfile, el alojamiento y manutención de los participantes, la línea de datos, la atención a los diseñadores invitados y otros gastos, incluido el regalo institucional.

Un segundo expediente investigado ha sido el de la 76 Feria Internacional de Muestras de Valladolid. Se trata de tres contratos que, con una cuantía acumulada de 39.993,28 euros, son para la «coordinación de servicios y azafatas en el pabellón de la Junta» (15.821 euros); derechos de inscripción (13.922,28 euros) y a servicios de seguridad «y varios» de dicho pabellón, por 10.150 euros.

De los 22 expedientes, cuatro han correspondido a León y 18, que en realidad corresponden a siete servicios, a Valladolid.

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