Borrar
Neumáticos arrojados a contenedores, recogidos en las instalaciones de un centro de tratamiento de residuos de la comunidad.
La Junta diseña un plan para controlar el fraude en el negocio de los residuos

La Junta diseña un plan para controlar el fraude en el negocio de los residuos

Calidad Ambiental ha resuelto más de 4.000 expedientes sancionadores desde 2010

M. J. Pascual

Lunes, 9 de junio 2014, 11:14

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La basura es un gran negocio y un sector estratégico para Castilla y León (aporta un 2% al Producto Interior Bruto de la comunidad) pero la caída del consumo con la crisis y la relajación administrativa en los controles a quienes la producen ocasionada, en buena medida, por los tijeretazos en los presupuestos, ha hecho saltar las alarmas en las empresas de gestión y tratamiento de los residuos. Asegre, la Asociación de Empresas Gestoras de Recursos y Residuos Especiales (Asegre), que ha analizado el nuevo Plan Integral de Residuos de Castilla y León aprobado el pasado marzo, sostiene que solo mediante una aplicación rigurosa de la legislación ambiental podrán mantenerse los 10.000 empleos que dependen de este sector en Castilla y León. «Lamentablemente, la situación actual en el sector de tratamiento de residuos industriales es la contraria», indica el secretario general de esta asociación, Luis Palomino.

Apunta el portavoz del sector que es fundamental un mayor nivel de inspección, control de la gestión y la aplicación de criterios rigurosos «para evitar que se siga desmontando el sector, que desde 2008 acumula una pérdida de empleo del 50%». Por ello se insiste en que el plan de la Junta aborde «decididamente» el control de la gestión y la inspección a todos los agentes involucrados en la producción y gestión de residuos para luchar contra las malas prácticas y las actuaciones ilegales. De otra forma, «no se generará empleo y continuarán desapareciendo las actividades legales de gestión de residuos».

Llegar a todas las plantas

Estas empresas entienden que tanto las actuaciones como la dotación presupuestaria propuestas por el Plan de Residuos de Castilla y León son todavía insuficientes para detectar las actuaciones irregulares o ilegales: 500.000 euros en seis años es una cantidad que creen «muy inferior al presupuesto necesario para garantizar el control de la gestión de residuos en una comunidad del tamaño de Castilla y León». Indica Palomino que las actividades propuestas son adecuadas, «como el control de residuos industriales en instalaciones de residuos domésticos» pero critica que la inspección, al menos hasta el momento, se haya limitado a instalaciones de tratamiento de residuos «en lugar de ampliarse a todas las instalaciones, también las de compostaje o biogas». Considera además que es necesario controlar nuevas figuras que contempla la legislación de residuos, como los agentes «y muy especialmente, los negociantes».

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, atenta a este debate suscitado en el sector , ha dado forma a un plan de inspecciones ambientales en Castilla y León en el que, por primera vez, y de manera coordinada y conjunta, van a participar equipos multidisciplinares integrados por técnicos y agentes medioambientales de la Junta, funcionarios de la Administración del Estado, agentes del Seprona de la Guardia Civil y técnicos y agentes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El acuerdo y el calendario de inspecciones se plasmará en breve en un encuentro a tres bandas entre los responsables medioambientales de la Junta, la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil para llevar al cabo el control medioambiental y, muy especialmente, de la gestión de los residuos industriales. El objetivo, explicó el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, es «trabajar de forma más eficaz en el control del fraude».

Vertidos

Desde 2010 hasta el 28 de febrero de este año 2014 la Junta ha resuelto 4.078 expedientes abiertos por falta de licencia, autorizaciones u otras irregularidades a empresas vinculadas a la gestión de residuos en la comunidad. Las sanciones medioambientales son muy importantes y pueden llegar hasta los dos millones de euros en casos de extrema gravedad de la infracción, aunque Jiménez apunta que «esto no es lo habitual». En este periodo, la mayor sanción impuesta a una empresa como consecuencia de una infracción en materia de residuos fue de 45.001 euros y la obligación de la retirada de los residuos y entrega a un gestor autorizado, en el plazo de un mes. La empresa había realizado un vertido incontrolado de residuos peligrosos, en concreto, 18 bidones que contenían un material similar a la brea que se derramó sobre el terreno. Estos hechos están tipificados como una infracción muy grave en materia de residuos.

Según los datos facilitados por la Consejería, se tramitan por término medio unos dos mil expedientes en materia de prevención ambiental. Buena parte de las denuncias de prácticas ilegales que llegan a la Junta no solo son de organizaciones ecologistas y conservacionistas, sino que proceden de las propias asociaciones empresariales del sector del tratamiento. Intensificar el control del fraude es una prioridad del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que persigue dar mayor seguridad jurídica a las empresas y también proteger los 10.000 empleos vinculados al sector. El nuevo plan amplía la responsabilidad de fabricantes de determinados productos en el reciclado: envases, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados y neumáticos viejos. Van a estar involucrados en la prevención y organización de la gestión de estos residuos, más allá del consumo del producto o de su vida útil.

En el caso de los residuos industriales peligrosos, se pretende eliminarlos de la forma más adecuada y que se haga dentro de la comunidad autónoma para ahorrar el coste que supone hacerlo en otras y el transporte. Sobre los industriales no peligrosos, se busca que el productor se responsabilice, impulsar la recogida separada y evitar que estos residuos terminen en vertederos domésticos. Respecto de los bioresiduos, se persigue favorecer la recogida separada, el tratamiento diferenciado e impulsar el uso del compost resultante, así como impulsar los centros de transferencia en los polígonos industriales y mejorar la gestión de lodos.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios