La Junta cede 600 hectáreas para activar la economía del campo leonés y garantizar el relevo generacional

  • Las entidades podrán arrendar durante cinco años las tierras de forma preferente a jóvenes, mujeres y órganos asociados para que la rente redunde en el beneficio del municipio y sus vecinos

Hacer más atractivo el campo leonés. Es el objetivo del convenio que la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha suscrito este martes con 35 entidades leonesas -ayuntamientos, juntas vecinales y entidades locales menores de la provincia- para la cesión de 600 hectáreas propiedad de la Junta de Castilla y León como resultado de la concentración parcelaria que se han llevado a cabo.

  • Impulso al campo leonés

De esta forma, la administración autonómica cede el uso de estas masas a las entidades por un periodo de cinco años para su arrendamiento de forma preferente a jóvenes, mujeres y entidades asociadas.“Con esta cesión estamos impulsando el relevo generacional en el campo, elevar la actividad en el medio rural y hacer más campo de León”, señaló Marcos.

Una vez que concluya el periodo de arrendamiento, las fincas podrán pasar al Banco de Tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicarlas directamente a las entidades municipales o a otras corporaciones como es el caso de las comunidades de regantes.

El objetivo además, que las rentas obtenidas repercuten en el medio rural y redunde en el beneficio de todos sus vecinos, en especial a los agricultores de la zona así como la conservación de las infraestructuras agrarias. Una cesión que se ha suscrito con 35 entidades aunque son 51 las que optarán a esta trasacción una vez realizada la tramitación pertinente.

Con estas firmas se cumple el Reglamento de Concentración Parcelaria que prevé la cesión o adjudicación a las entidades locales de las masas comunes de tierras integradas por las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. Estas tierras sobrantes de concentración parcelaria se detraen de la superficie total que se va a concentrar en cada zona para disponer de un fondo de superficie que permita compensar a los beneficiarios de la concentración en caso de necesitar subsanar errores.

Actualmente, en la provincia de León existe una superficie concentrada de 486.858 hectáreas y 119.377 hectáreas reconcentradas, además de que se están iniciando los procesos y trabajando en diez zonas de concentración parcelaria que suman una superficie de concentración de 18.470 hectáreas.

Zonas y beneficios

La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene contabilizadas en Castilla y León y pendientes de tramitar 131 solicitudes de cesión de fincas que constituyen las masas comunes de procesos de concentración parcelaria finalizados por parte de los ayuntamientos, juntas vecinales, entidades locales menores y, excepcionalmente, por algunas comunidades de regantes. Estas solicitudes afectan en toda la Comunidad a más de 3.150 hectáreas.

La formalización de los convenios pondrá a disposición de estas entidades una serie de fincas para su explotación y puesta en valor mediante su cultivo, con la consiguiente generación de riqueza para los agricultores y el beneficio ambiental que conlleva su aprovechamiento, limitando su degradación, la multiplicación de malas hierbas y plagas y los fenómenos erosivos en estos terrenos.

El seguimiento en el cumplimiento de las condiciones de los convenios lo llevará a cabo una comisión mixta que se creará para tal fin entre la Junta de Castilla y León y los representantes municipales que han solicitado las masas comunes.

Las concentraciones parcelarias, uno de los tres ejes del Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León junto con la modernización de regadíos y los nuevos regadíos, aportan importantes beneficios para la competitividad del sector agrario, para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y para el medio ambiente. Como ejemplo, en las zonas concentradas se gasta entre un 25 % y un 30 % menos de combustible, lo que supone un ahorro de costes y, por lo tanto, mejora la competitividad de las explotaciones, y beneficia al medio ambiente (se reducen las emisiones de CO2 entre un 25 % y 30 %).

En cuanto al beneficio socioeconómico se ha demostrado que en las zonas concentradas se incorporan un 40 % más de jóvenes y la inversión privada para modernizar es un 36 % superior a zonas no concentradas.