Suárez-Quiñones recuerda que la AP-1 y la N-I son competencia estatal

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,, en rueda de prensa./Nacho Gallego/Efe
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,, en rueda de prensa. / Nacho Gallego/Efe

El consejero de Fomento insiste en que la prioridad de la Junta es el mantenimiento de sus propias carreteras, aunque están «dispuestos a analizar» posibles medidas para reducir el tráfico y siniestralidad de la N-I

GABRIEL DE LA IGLESIA

La prioridad de la Junta de Castilla y León es cuidar de las carreteras de su titularidad, aunque siempre está «dispuesta a analizar» propuestas compartidas por el Gobierno central. Así lo ha subrayado hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que, a pesar de dejar una puerta abierta a una hipotética colaboración entre ambas administraciones para reducir el tráfico de la N-I estableciendo bonificaciones sobre el peaje de la AP-1, ha recordado que ambas vías son de competencia estatal.

A este respecto, Suárez-Quiñones ha reiterado a preguntas de los periodistas en Soria que el objetivo prioritario de la Junta pasa por el mantenimiento de los «11.500 kilómetros» de carreteras de titularidad autonómica. Unas carreteras que, asegura, «no se han podido atender como hubiera sido necesario durante los años de crisis», en los que su Consejería ha sufrido restricciones presupuestarias en favor del mantenimiento de los Servicios Sociales. Esa circunstancia ha provocado que muchos tramos de las carreteras de titularidad regional «necesiten arreglos».

A partir de ahí, y teniendo en cuenta esa circunstancia y las «limitaciones presupuestarias» que continúa teniendo su departamento en comparación con las necesidades, cualquier actuación en torno a la autopista de peaje AP-1 depende de la iniciativa del Estado, ha afirmado.

Además, el consejero ha lamentado haberse enterado de la propuesta de la Administración central de buscar colaboración con la Junta para establecer peajes blandos en la AP-1 «por los medios de comunicación». «No nos ha parecido adecuado», ha subrayado al tiempo que insistía en que, pase lo que pase en los próximos meses, la AP-1 debe «revertir al Estado» y pasar a ser una «autopista gratuita para todos los ciudadanos de Castilla y León» una vez finalizada su concesión el 30 de noviembre de 2018.

Las declaraciones de Suárez-Quiñones llegan apenas una semana después de que cinco miembros de una misma familia de origen francés fallecieran en una colisión frontal contra un camión en la N-I a su paso por el Desfiladero de Pancorbo. Un accidente que ha vuelto a motivar la movilización de diferentes colectivos y ha reactivado –si es que se había parado en algún momento- la reivindicación en torno a la liberalización total de la AP-1. De hecho, ayer mismo, 400 personas volvían a cortar la carretera convocadas por la Plataforma de Afectados por la N-I enarbolando esa misma reivindicación.

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