Hacia una justicia más accesible para las personas con discapacidad

El TSJ acoge una jornada enfocada a la mejora del acceso de las personas con discapacidad a la justicia

GABRIEL DE LA IGLESIA

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acogido hoy la celebración de la VI jornada Personas con Discapacidad, una cita organizada con el objetivo de establecer un punto de encuentro y debate en torno a la adaptación de la justicia a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en el que han participado juristas, académicos, abogados, asociaciones y fiscales. Y la conclusión fundamental ha sido clara. España está dando pasos en firme para cumplir el Convenio Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad promovido por Naciones Unidas, pero aún queda mucho por hacer, fundamentalmente en el ámbito legislativo.

Así de hecho lo ha considerado Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo, quien ha asegurado que, en eta materia concreta, la jurisprudencia “va por delante de la ley”. Esto es, que jueces, fiscales y abogados han comenzado ya a aplicar las recomendaciones contempladas en el Convenio sin que por el momento estas hayan sido trasladadas en su totalidad a la normativa española. En este sentido, Ganzennmüller ha afirmado que en los últimos meses se han registrado “pequeños avances” en materias como la “Ley de Jurisdicción Voluntaria”, pero todavía “es insuficiente”.

Es más, a su juicio, la trasposición del Convenio a la normativa española podría incluso requerir de una reforma del artículo 49 de la Constitución, el cual es “muy mejorable”. Eso sí, se trataría en todo caso de una reforma puntual que, en principio, no debería despertar “excesiva oposición” por parte de los miembros del Parlamento.

A este respecto, además, Ganzennmüller ha insistido en que cualquier reforma legislativa ha de contar siempre con la participación directa de las personas con discapacidad “a través de sus asociaciones”. Solo así, ha concluido, se podrá cumplir el reto de adaptar la legalidad y los procesos judiciales a las necesidades de las personas con discapacidad.

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