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El Abogado de la acusación popular Fernando García Puertas, realiza declaraciones a los medios de comunicación a su salida de los juzgados. Efe
La familia de la menor de Aranda ha interpuesto dos denuncias por acoso y vandalismo
ARANDA

La familia de la menor de Aranda ha interpuesto dos denuncias por acoso y vandalismo

La acusación particular pedirá una nueva testificación de los tres investigados

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Martes, 6 de febrero 2018, 07:52

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La familia de la menor de Aranda que sufrió una presunta agresión sexual por parte de tres exjugadores de la Arandina C.F ha interpuesto dos denuncias, por acoso y vandalismo respectivamente, en la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad.

La primera de ellas, se produjo el día 12 de enero, según detalla el abogado de la menor, Fernando García Puertas, después que la víctima recibiera insultos al caminar por la calle junto a sus padres y sus hermanas. En principio, se consiguió identificar a las menores involucradas en los hechos, al parecer compañeras del centro escolar y se ha puesto el tema en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Quince días más tarde, el 30 de enero, los padres de la menor tuvieron que volver a acudir a la comisaría policial, ya que al lado de la puerta de su domicilio aparecieron graves insultos contra la víctima junto a sus iniciales, al parecer grabados con una llave. García Puertas afirma que la idea es requerir las cámaras situadas en la vía pública para intentar localizar a los posibles autores. 

Excarcelación

El abogado de la menor ha adelantado que su intención es solicitar la declaración ante el magistrada que instruye el caso, de los tres futbolistas detenidos. «Se está hablando mucho del testimonio de cuarto futbolista que, yo creo que aporta más luces que sombras y, en cuanto se concreten algunas de las pruebas que se están practicando, pediremos la comparecencia de los tres investigados».

Por otra parte, las acusaciones popular y particular se han opuesto al recurso de excarcelación de los tres ex futbolistas presentado por las defensas. Tanto acusación particular como popular consideran que los jugadores deben de continuar en la cárcel por la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posibilidad de interferir en la instrucción.

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