El Consejo de Cuentas informa de que el Ayuntamiento de Burgos «no cumple con la legalidad» en el contrato de recogida de basuras

Antonio de Torre

El órgano fiscalizador detecta varias deficiencias en las actuaciones preparatorias, la adjudicación y la modificación del contrato de mayor cuantía del Consistorio burgalés

GABRIEL DE LA IGLESIA

El Consejo de Cuentas de Castilla y León acaba de publicar un informe en el que concluye que el Ayuntamiento de Burgos «no cumple con la legalidad» en diferentes ámbitos del contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, el de mayor cuantía de los que soporta anualmente el Consistorio. El informe, que toma como referencia las anualidades 2013 y 2014, subraya la presencia de diferentes deficiencias en las actuaciones preparatorias, la adjudicación y la modificación del contrato, que está a las puertas de ser prorrogado por, al menos, un año más.

El contrato en sí se rubricó en 2008 como consecuencia de la anulación del anterior por parte de los tribunales. Sin embargo, la adjudicación acabó recayendo en la misma empresa, Semat, que ganó el correspondiente concurso. Apenas un año después, el contrato se vio modificado para incorporar también el servicio de limpieza de parques y jardines, una modificación que incrementó el canon anual hasta más allá de 18 millones de euros.

Sin embargo, del análisis efectuado por el Consejo de Cuentas se desprende que el procedimiento no se realizó conforme a la legalidad. A grandes rasgos, el principal órgano fiscalizador de las administraciones públicas de Castilla y León concluye que los criterios de valoración de las ofertas no estaban debidamente justificados, como tampoco lo estuvo el modificado. A mayores, el Consejo de Cuentas cuestiona los mecanismos de control y seguimiento del contrato, que en 2016 supuso un coste de 15,6 millones de euros.

Una vez conocidas las conclusiones del informe, el asunto ya ha generado polémica. Así, el Grupo Municipal Socialista ha exigido hoy mismo la asunción de responsabilidades por parte del Equipo de Gobierno ante la «chapuza» que ha destapado el Consejo de Cuentas. En este sentido, el concejal David Jurado insiste en que debe haber «consecuencias políticas», más allá de las judiciales que pudieran depurarse. Y es que, los propios socialistas han asegurado estar dispuestos a llevar el asunto a los tribunales si el Equipo de Gobierno no toma cartas en el asunto y la Fiscalía no entra de oficio.

Además, el informe del Consejo de Cuentas llega en un momento clave, toda vez que el contrato está a punto de concluir los diez años de vigencia y ya se ha activado el protocolo de prórroga contemplado en el mismo. A pesar de esta circunstancia, los socialistas insisten en que el Ayuntamiento tiene en su mano la posibilidad de cortar por lo sano y abrir un nuevo concurso con un nuevo pliego, cuestión que, por cierto, llevan reclamando ya varios meses.

No obstante, todo hace indicar que la prórroga seguirá adelante. Así de hecho lo ha aseverado la responsable del área de Medio Ambiente y portavoz del Equipo de Gobierno, Carolina Blasco, que ha restado importancia a las conclusiones del informe. Y es que, a su juicio, éste se basa en «aspectos técnicos y jurídicos» que no afectan al contrato actual, sino que se erigen como exigencias de cara a una nueva adjudicación.

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