La alcaldesa y tres concejales declararán como investigados por una presunta prevaricación administrativa

  • El juez les cita por la aprobación de la licencia de obras de la plaza de toros en 2011

La alcaldesa de Aranda, Raquel González, y tres concejales de la actual corporación municipal están citados a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa en la concesión de la licencia de obras de la plaza de toros Ribera del Duero, propiedad de Victoriano del Río, en el año 2011. La investigación responde a una querella presentada, el pasado mes de mayo, por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros y los partidos Si Se Puede y Unión Progreso y Democracia, después de que una sentencia firme anulara ese permiso de obras concedido por la Junta de Gobierno local el 19 de agosto de 2011. En la resolución del Tribunal Superior de Justicia, el juez ponía de manifiesto claras irregularidades en el procedimiento como la ausencia de un informe jurídico cuya «omisión fue advertida en el momento de la adopción del acuerdo por el secretario general quien estaba presente en la Junta de Gobierno Local».

La querella fue admitida a trámite y tras las declaraciones realizada por cuatro técnicos municipales en las que se ratificaban en lo sucedido en 2011, la jueza ha decidido llamar a declarar como investigados a los miembros de aquella Junta de Gobierno Local y al arquitecto municipal que realizó los informes técnicos. Entre los representantes políticos, está la alcaldesa Raquel González, dos concejales del Partido Popular; Azucena Esteban y Emilio Berzosa, la actual concejala de Ciudadanos entonces en el PRCAL, Elia Salinero, y los ex ediles Javier Rojas, Ángel Calvo y José Ignacio Díez. Están citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda el próximo 27 de febrero, donde tendrán que dar las explicaciones pertinentes sobre la decisión tomada hace más de cinco años.

La licencia de obras afectaba a la ampliación de las dimensiones del ruedo y a la modificación de la alineación norte y se vinculó a un licencia provisional para la utilización de la plaza de toros que también fue anulada. En cualquier caso, no es la única línea judicial que sigue vigente, ya que existen varios contenciosos administrativos interpuestos por al plataforma ciudadan que pide la anulación, entre otras cosas, de la licencia de apertura definitiva concedida al coso en septiembre de 2014.