Guatemala, 7 ago (EFE).- Diputados opositores, acompañados de campesinos y sindicalistas, se manifestaron hoy en la capital guatemalteca para exigir al gobierno cancelar el contrato otorgado a la firma española Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB) para la operación de los contenedores en un puerto del Pacífico del país.
Los parlamentarios, integrantes del bloque legislativo del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder), encabezaron la manifestación que recorrió las calles del centro histórico de la capital, y concluyó en la Casa Presidencial, en donde entregaron un pliego de peticiones a la Presidencia.
"Salimos a las calles para hacernos escuchar, para impedir que los pocos bienes que nos quedan como Estado sean privatizados", dijo a los periodistas el diputado Édgar Ajcip, líder de esa agrupación.
A los diputados se unieron cientos de campesinos, pobladores y directivos del Sindicado Unido de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, que también rechazan la concesión otorgada a TCB por esa empresa.
Ajcip, quien ayer presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para evitar que el contrato cobre vigencia, dijo que esa operación "es altamente lesiva para los intereses del Estado".
La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), administradora del Puerto Quetzal, el más grande e importante del país, concedió a TCB la operación de los contenedores que entran y salen de ese fondeadero, por un plazo de 25 años.
El contrato, que según fuentes oficiales, puede ser ratificado hoy por el presidente de la república, Otto Pérez Molina, fue negociado hace tres semanas y otorga a TCB "en usufructo" un área de 350.000 metros cuadrados, para la construcción de un embarcadero con capacidad de recibir a los buques más grandes del mundo.
A cambio, la empresa española pagará a la EPQ un millón de dólares anuales fijos por detentar el usufructo, y cuatro dólares por cada contenedor que reciba en el puerto.
Un portavoz de la Presidencia dijo este martes a Efe que el Gobierno "no polemizará" respecto a ese tema, "ni dará marcha atrás" en la decisión, además de que reconoció que "todos los grupos tienen derecho a manifestar".
TCB, que no se ha pronunciado respecto a la polémica desatada por el contrato otorgado a su favor, prevé hacer una inversión inicial de 120 millones de dólares, tras haber sido seleccionada de entre cinco empresas internacionales que presentaron interés por administrar el movimiento de los contenedores en puerto Quetzal.
En 2011, en ese puerto, ubicado en el Pacífico de Guatemala, según cifras oficiales, atracaron 1.289 buques, que movilizaron 8.380 toneladas métricas de carga.
Fundada en 1972 y con sede central de Barcelona, TCB es uno de los principales operadores de tráfico marítimo del sur de Europa. EFE
