Madrid, 11 mar (EFE).- La implantación por ley de los dispositivos de bioseguridad, que evitan los pinchazos accidentales en los profesionales sanitarios, supondrá un ahorro anual de 30,7 millones de euros y reducirá un 80% el riesgo de inoculaciones, según los estudios de la Organización Colegial de Enfermería.
El presidente de este organismo, Máximo González Jurado, se ha felicitado hoy por la aprobación el pasado lunes de la directiva comunitaria para prevenir lesiones e infecciones en los sanitarios por pinchazos con dispositivos punzocortantes, como las agujas de las jeringuillas o las vías intravenosas.
En rueda de prensa, González Jurado ha explicado que su organización lleva más de treinta años luchando para que se extendiera el uso de los dispositivos de bioseguridad, que incorporan un mecanismo que anula la aguja tras su uso con el paciente.
Según los datos aportados por González Jurado, en España se declaran una media anual de 3.362 accidentes con riesgo de transmisión de enfermedades a través de la sangre, como el VIH/Sida y la hepatitis B y C.
El presidente de la Organización Colegial de Enfermería ha reconocido que estos dispositivos suponen un coste adicional respecto a los que se venían utilizando pero ha subrayado que también hay que tener en cuenta los beneficios que reportan.
Así, según sus estudios, la reducción del coste es del 73 por ciento si se tiene en cuenta el beneficio en la reducción de los costes post-accidente de los profesionales afectados.
Estos costes se derivan de los gastos de valoración y tratamiento de los profesionales afectados y de la baja laboral considerada durante un año.
González Jurado ha indicado que el 70,4 por ciento de los casos de pinchazos accidentales se da en el colectivo de enfermeros, auxiliares, estudiantes y matronas y ha destacado que el número real de afectados podría ser el doble porque el 50 por ciento de los afectados no lo notifica.
El motivo, según ha explicado González Jurado -que sufrió uno de estos accidentes en un hospital y se contagió de hepatitis-, es el temor a quedar "estigmatizado", como le ocurrió a él con su propia familia, según ha relatado.
La directiva europea aprobada el pasado lunes es de obligado cumplimiento en todos los países miembros, que disponen de un plazo de tres años para aplicarla en sus respectivos territorios.
En España, según ha indicado González Jurado, hay cinco comunidades autónomas en las que ya es obligatorio el uso de estos dispositivos (Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia, Navarra) y hay otras dos (Cataluña y Canarias) donde están en elaboración las normas para su implantación.
La experiencia de España ha sido puesta a disposición del resto de países de la Unión Europea por parte del Consejo General de Enfermería, desde donde se ha agradecido a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el impulso que ha dado a la norma comunitaria durante la Presidencia española de la UE.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de pinchazos accidentales graves registrados al año, el coste estimado (en millones de euros) que los mismos suponen al Sistema Nacional de Salud y el ahorro que se calcula tiene la implantación de los dispositivos de bioseguridad, según los datos del Consejo General de Enfermería.
CCAA nº pinchazos graves coste pinchazos ahorro
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Andalucía 530 6,8 4,9
Aragón 139 1,7 1,3
Asturias 102 1,3 0,9
Baleares 67 0,8 0,6
Canarias 162 2,0 1,5
Cantabria 54 0,7 0,5
C.La Mancha 143 1,8 1,3
C.León 237 3,0 2,2
Cataluña 374 4,8 3,5
C.Valenciana 298 3,8 2,8
Extremadura 117 1,5 1,1
Galicia 247 3,1 2,3
Madrid 437 5,6 4,1
Murcia 91 1,1 0,8
Navarra 44 0,5 0,4
País Vasco 177 2,2 1,6
La Rioja 30 0,3 0,2
Ceuta 3 0,04 0,02
Melilla 9 0,1 0,08
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