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La CHD abre expediente sancionador por los vertidos ilegales de Fuensaldaña

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La CHD abre expediente sancionador por los vertidos ilegales de Fuensaldaña

Las dos muestras tomadas en el arroyo Pozo Moza dieron valores que superaban los límites

25.05.14 - 19:10 -
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La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Fuensaldaña por encontrar a este Consistorio «presunto responsable de la infracción» de los vertidos de aguas residuales sin depurar al arroyo Pozo Moza, que pasa por su término municipal, y que se vienen realizando desde hace más de cinco meses.El organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha comunicado el pasado mes de abril al ayuntamiento la incoación de este expediente, en el que se asegura que tras las muestras tomadas, tanto por técnicos de la CHD como por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, «se observa que se superan ampliamente los límites autorizados para el término de Fuensaldaña».

Por esta actuación, la CHD comunica al Consistorio que puede llegar a imponerle una sanción de hasta 10.000 euros.

El expediente abierto por la Confederación Hidrográfica del Duero es consecuencia de la denuncia que presentó la Asociación Ciudad de la Juventud el pasado año, colectivo del que forman parte propietarios de las 232 viviendas construidas en el Plan Parcial Los Viñales, que pese a estar concluidas no cuentan con licencia de primera ocupación.

La denuncia presentada ante la Guardia Civil y la CHD dio lugar a que una patrulla de Seprona se personase en el Consistorio el 3 de noviembre de 2013, y requirió información a la secretaria municipal al tiempo que se entrevistó con el arquitecto oficial.

Los dos agentes de la Guardia Civil tomaron también muestras del punto de vertido de las aguas residuales al arroyo Pozo Moza, y un mes después, el 4 de diciembre, efectuaron otra visita a la urbanización Ciudad de la Juventud, donde se encuentra la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que no está en funcionamiento.

Precisamente, en sus conclusiones los agentes señalan que Fuensaldaña cuenta con una depuradora para dar servicio a una población de 15.000 habitantes (el censo ahora es de unos 1.500 vecinos). Esta instalación, cuyo coste se acercó a los tres millones de euros que fueron abonados por la Junta de Compensación de los propietarios del Plan Parcial, no está en funcionamiento.

Tanto la Guardia Civil como la Confederación Hidrográfica del Duero constatan en sendos informes que el Ayuntamiento ha incumplido la autorización de vertidos al arroyo, permiso que fue concedido por la CHD el 30 de agosto del 2013, con el compromiso de poner en marcha la estación depuradora en un plazo no superior a tres meses.No obstante, la Guardia Civil recuerda que el plazo de autorización dado para el vertido al arroyo sería de cinco años contados a partir del 30 de agosto.

En este sentido, la comunicación de la CHD señala que se ha apreciado «un incumplimiento de la autorización» del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que califica como una infracción leve.

Expediente sancionador

En el expediente sancionador, la Confederación recuerda que se autorizó en su día al municipio de Fuensaldaña el vertido de aguas residuales procedentes de su núcleo al cauce del arroyo Pozo Moza, otorgándose como condición tercera el plazo de tres meses «para adecuar las instalaciones de la depuradora y poner en funcionamiento dichas instalaciones, por lo que habiendo transcurrido dicho plazo otorgado y no habiéndose puesto en marcha (...) se considera se incumple la autorización del vertido de aguas otorgada al Ayuntamiento».

Los daños causados por los vertidos han sido estimados en 1.588 euros, cantidad con la que el Consistorio deberá de indemnizar a la CHD.

Según figura en un informe, el Laboratorio de la Comisaría de Aguas tomó muestras de los residuos vertidos en Fuensaldaña en dos ocasiones (en febrero y marzo de este año), dando como resultados valores de algunos contaminantes que duplicaban los límites permitidos. Un decreto de septiembre del 2013 fija unos criterios de valoración de los daños por vertidos residuales a los cauces de dominio públicos, entre ellos el amonio, por los que los ayuntamientos deben de pagar para su tratamiento.

En este caso, el importe de 1.588 euros lo es por el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 7 de marzo de este año. El Laboratorio de Aguas de la CHD forma parte del grupo internacional de centros contrastados por Aquachek. El Ayuntamiento ha recurrido el expediente.

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Arroyo Pozo Moza. / R. O

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