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EL NORTE
Jueves, 10 de abril 2014, 18:33
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron -el pasado miércoles día 9- en Santiago de Compostela al autor de decenas de amenazas de bomba en catedrales y templos religiosos, edificios turísticos, museos nacionales y numerosos medios de comunicación. El arrestado, cuya identidad corresponde a las iniciales C.D.F., de 39 años y vecino de Madrid, realizó la semana pasada una llamada alertando de una bomba en el interior de la catedral de León, lo que obligó a proceder al desalojo del templo, según informaron fuentes de la Policía Nacional.
El detenido es también la persona que interrumpió en directo la emisión del Telediario de las 21 horas en TVE el pasado 2 de abril. Las llamadas avisando de la colocación de artefactos explosivos motivaron los correspondientes desalojos de los edificios y la intervención de los técnicos en desactivación de explosivos, aunque en todos los casos, tras la inspección policial, el resultado fue negativo.
El detenido comenzó el pasado 31 de marzo a realizar todas estas llamadas alertando de la instalación de bombas. Sus últimos avisos de la colocación de artefactos fueron efectuados justo el día antes de su arresto y sus objetivos fueron el aeropuerto de Santiago y en el Rectorado de la Universidad de esta misma ciudad.
Alarma social
Estas llamadas produjeron gran alarma social ya que se tuvo que desalojar edificios de gran afluencia de ciudadanos, como las catedrales de León, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca, la Sagrada Familia de Barcelona, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, el Museo del Prado y la Torre de Cristal en Madrid o la Ciudad de las Artes en Valencia. Además, el detenido también efectuó llamadas amenazando con artefactos explosivos a centros de trabajo de varios medios de comunicación de Madrid, Málaga, Burgos, La Coruña, Valencia, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria, Valladolid, Toledo, Alicante y Santiago de Compostela.
Este tipo de hechos están encuadrados en el artículo 561 del Código Penal que castiga con penas de pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses al que con ánimo de atentar contra la paz pública afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud.
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