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educación | león

Los padres de un niño con síndrome de down reclaman la escolarización de su hijo en un centro ordinario

La Junta autorizó la educación del menor en un centro público de Educación Especial

S. Gallo

Martes, 29 de octubre 2013, 13:05

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Los padres de Rubén, un menor con síndrome de down, reclaman la escolarización de su hijo en un centro escolar ordinario y no especial, después de que el pequeño fuera «acosado» en el colegio en el que estudiaba. El menor se encontraba integrado en un centro ordinario hasta que fue «atacado física y moralmente» por un profesor y «perdió los nervios» en clase como consecuencia de no saber «cómo tratar a ese niño».

Desde la asociación Solcom se estimó que el docente no tenía el «apoyo necesario», por lo que se desbordó y «le trató de esta manera delante del resto de niños». Fue entonces cuando los padres de Rubén presentaron la pertinente denuncia y, aunque se ha probado la existencia de los hechos, el juez ha determinado que un niño con síndrome de down no tiene por qué estar en un centro ordinario, a pesar de que «es donde puede estar mejor atendido».

Los padres y la asociación Solcom están en desacuerdo con esta decisión al entender que «los derechos humanos nos respaldan» y que el niño tiene derecho a estar en un centro ordinario «con los apoyos que necesitan». Por eso, lo que se reclama es que en el colegio ordinario se disponga, como ocurre en otras comunidades, de una profesora auxiliar especial, para que el niño pueda acudir a un centro público ordinario «en otro aula específico» para que cuente con un ambiente «normalizado».

Desde Solcom se entiende que en un centro ordinario los niños se enriquecen porque la inclusión «es positiva para todos». Las actitudes del centro fueron denunciadas ante la Dirección Provincial de Educación en 2011 por considerarse que eran «vejatorias y discriminatorias», aunque previamente se habían presentado siete escritos en los que se detallaban los hechos. La Dirección Provincial respondió «negando estos hechos» a pesar de la veracidad que se demostró posteriormente en el proceso judicial, por lo que unos meses más tarde se formuló la denuncia ante la Fiscalía.

La decisión tanto del centro como de la administración educativa fue la de segregar al menor del sistema educativo público ordinario y la Junta autorizó la escolarización del menor en un centro público de Educación Especial. Los padres, al no estar de acuerdo con esta decisión, decidieron asumir la responsabilidad y el coste de la educación de su hijo, contratando profesores particulares especializados.

Igualmente, presentaron un procedimiento especial de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León, que desestimó el recurso y la sentencia fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que en marzo de este año desestimó nuevamente el recurso.

En mayo de 2013 se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender, no sólo la integridad moral del menor, que fue objeto de malos tratos físicos y morales, sino también reclamar su derecho a estudiar en el sistema educativo ordinario «con sus apoyos necesarios». Ahora los padres se encuentran imputados por la Fiscalía por un delito de «abandono familiar» por no estar de acuerdo con la decisión unilateral de la administración de «segregar» al menor.

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