La acusación popular en el caso Arroyo rebaja las penas pero pide al tribunal una sentencia «ejemplar» para los seis acusados

El abogado de la acusación popular en el juicio por el caso Arroyo, José María de la Red, ha solicitado hoy al tribunal que preside Feliciano Trebolle una sentencia «ejemplar» para los seis acusados de crear una presunta trama de corrupción urbanística con el objetivo de favorecer la expansión de la constructora gallega Mahía en el municipio vallisoletano con recalificaciones de suelo e incrementos de edificabilidad a cambio de regalos en forma de dinero y viviendas. En un encendido alegato, el letrado aseguró que «ha pasado el tiempo de los corruptos y ha llegado el de la Justicia» para que los ciudadanos, «humillados por una crisis económica y de valores bestial», puedan «volver a creer en algo». En la sexta sesión de esta vista, De la Red defendió que es el momento de frenar «esa sensación de que los responsables públicos tienen patente de corso para hacer de su capa un sayo y reírse de los administrados».

Las dos acusaciones, el ministerio público y la popular, expusieron sus conclusiones e informes ante los tres magistrados que componen el tribunal y los abogados de las seis defensas. A pesar su firme discurso, el letrado que representa a la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI se sumó al escrito de penas presentado por el fiscal, lo que supone una rebaja sobre sus primeras pretensiones, de los 58 años y seis meses inciales a los 36 y medio que pide el fiscal. De la Red lo justificó por la «unidad de acusación» y aseguró que se ha adherido a la solicitud del ministerio público «en el momento procesal oportuno».

Así, al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, se le imputan dos delitos de cohecho, otros tantos de prevaricación y uno de malversación para el que solicitan en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, exdelegado territorial de la Junta, las acusaciones piden dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Para Ramón López Casal y José Presas Zobra, propietario y socio de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario, solicita penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, de 851.500 y 180.000 euros, respectivamente. Para la apoderada de Mahía en Valladolid y antes empleada de Méndez en su empresa Recreativos Dema, María Iluminada Miguel Fernández, pide tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

El representante del ministerio público, José María Martínez Matesanz, redujo la petición de la pena solicitada para el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, al retirar los cargos por un delito de cohecho, ya que no se ha podido acreditar que el técnico hubiera recibido alguna dádiva a cambio de las tramitaciones urbanísticas del Grupo Mahía.

Pruebas «endebles»

Tras la sesión, el abogado de la defensa de Jesús García Galván citó a la prensa para valorar esa rebaja de penas por parte de la acusación popular. Para Jesús Verdugo tanto la reducción de años de cárcel total solicitada por De la Red para los seis acusados 22 menos como que ambas acusaciones hayan decidido retirar los cargos por un delito de cohecho al arquitecto significa que las pruebas son «más endebles» de lo que le parecían en un primer momento. «¿Es un repliegue de velas?», le preguntó un periodista. «No se puede interpretar de otra manera», zanjó Verdugo.

«Regalos sin recibos» y todo en efectivo para «no dejar rastro»

Tanto el fiscal como la acusación popular recalcaron que los 30 millones de pesetas que Méndez recibió de Mahía para su empresa recreativos Dema en 2001 como el piso adquirido por el primer edil en Villagarcía Arosa a la constructora fueron «regalos» por los favores prestados en las tramitaciones de expedientes en dos piezas de suelo del municipio en las que, en un caso, se aumentó la edificabilidad, y en otro se favoreció una recalificación de industrial a residencial, lo que iba a suponer un incremento en la rentabilidad del suelo. En el caso de García Galván, la compra de un chalé en la localidad coruñesa de Mugardos a Mahía también es considera por las acusaciones como una «dádiva» por el apoyo a las operaciones urbanísticas de la promotora gallega a través de la Comisión Territorial de Urbanismo cuando éste la presidía.

El letrado de la acusación popular recalcó que de ninguna de estas tres transacciones existen recibos, porque «de haberlos, constarían en los autos», lo que «deja claro que fueron regalos», ya que «ni el crédito se devolvió ni las dos viviendas se abonaron». «Los seis son culpables», recalcó el abogado, quien calificó de «burdas patrañas y mentiras» las explicaciones aportadas por los acusados, quienes, a su juicio, han protagonizado un «esperpento» propio de las obras de Valle-Inclán, primero, durante los seis años de instrucción, y ahora, en la vista oral.