Borrar
Vista general de la sala en la que se juzga el Caso Arroyo / R. Gómez
Arranca en la Audiencia el juicio que determinará si hubo corrupción urbanística en Arroyo
TRIBUNALES

Arranca en la Audiencia el juicio que determinará si hubo corrupción urbanística en Arroyo

El tribunal juzgará a seis procesados para quienes la fiscalía pide 36,5 años de cárcel y 2,1 millones en multas

El Norte

Martes, 9 de julio 2013, 16:51

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Audiencia de Valladolid acoge desde hoy y hasta el día 18 el primer gran juicio por corrupción urbanística que juzgará el tribunal provincial, presidido por el magistrado Feliciano Trebolle. Está previsto que desde las 10:10 horas de esta mañana se sienten en el banquillo de los acusados el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al exportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valladolid, Jesús García Galván, y otros cuatro imputados más por el denominado caso Arroyo sobre supuesta corrupción urbanística.

El juicio se desarrollará en la Sección Segunda de lo Penal y los seis procesados no se sentarán en el banquillo, sino en el estrado que se reserva habitualmente a los miembros del jurado, se enfrentan a penas solicitadas por la Fiscalía que suman 36 años y medio de prisión y más de 2,1 millones de euros en multas por supuesta corrupción urbanística, una denominación que no existe como tal delito en el Código Penal pero que se corresponde, en este caso y según el relato de los hechos, con los delitos de cohecho del artículo 419, prevaricación y malversaciónde caudales públicos. La Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI ejercerá la acusación popular y solicita condenas aún más duras, que suman 58 años y medio de prisión y un monto total en multas de 7,7 millones de euros.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo , para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público pide dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos. García Galván, quien ha dimitido de sus cargos públicos como diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, ejercía de delegado territorial de la Junta cuando supuestamente cometió los delitos que se le imputan.

La presunta trama

El fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario, SL, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, pide tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

Los magistrados Feliciano Trebolle Fernández, Miguel Ángel de la Torre y Fernando Pizarro García tendrán que determinar tras el juicio si, como sostiene el juez y el ministerio fiscal, el independiente alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, que llegó a la alcaldía bajo las siglas del Partido Popular, y los dos representantes de la constructora Mahía, Ramón López y José Presas, fueron los principales artífices de una trama urdida para beneficiar a esa empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas desde que el grupo gallego desembarcó en el municipio en el año 1999. El resto de los imputados, según el auto del juez José María Crespo, habrían favorecido a la misma empresa facilitando u obviando trámites administrativos, hinchando presupuestos o pagando cantidades desorbitadas por servicios urbanísticos que no se correspondían con el valor de los mismos.

Seguridad

Las vistas se sucederán desde hoy hasta el 18 de julio (excepto el fin de semana) en la Sala del Jurado de la Audiencia con fuertes medidas de seguridad para evitar juicios paralelos fuera de las dependencias judiciales con seis procesados, sus correspondientes abogados defensores, tres acusaciones y cerca de una treintena de testigos y peritos que comparecerán ante el tribunal durante los ocho días que durará el juicio, una vista que llega tras una instrucción que se ha prolongado durante siete años y que cuenta con más de 7.000 folios.

Además se prohibirá la concentración de personal ajeno al edificio en el vestíbulo y la puerta de la sala donde se celebrará el juicio, con el fin de que no se interfiera, en lo posible, en la rutina del trabajo de los empleados del resto del edificio, que acoge no solo las dependencias de la propia Audiencia Provincial, sino también las del Tribunal Superior de Justicia(TSJ)de Castilla y León con sede en Valladolid, las salas de lo Contencioso y lo Social, así como las de la Fiscalía.

La primera semana se dedicará a cuestiones previas que planteen defensas y acusaciones, a la declaración de los procesados y a escuchar el testimonio de la decena de testigos. En la segunda semana se oirá a los peritos judiciales, y los dos últimos días se reservan para continuar con alguna prueba, si es necesario, y para la presentación de las conclusiones finales de las partes.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios