El PP se plantea impugnar la consulta popular sobre el Palacio de Congresos

La polémica que envuelve al Palacio de Congresos que se construye en el complejo de La Faisanera, en Palazuelos de Eresma, pasa de los dichos a los hechos. Hasta ahora el cruce de declaraciones, unas más vehementes que otras, entre los defensores y promotores y los detractores y críticos había prendido la mecha de una crispación pública y política a punto de combustión. Los alegatos a favor de su construcción y su ubicación y las censuras y denuncias cosechadas en contra han dado paso ahora a actuaciones que avivan la llama de la confrontación entre ambos bandos.

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, cumplió su promesa y firmó ayer el decreto por el que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital segoviana convoca una consulta popular sobre la creación del Palacio de Congresos en el complejo residencial, de ocio y empresarial de La Faisanera, gestionado por la sociedad Segovia 21. Como ya anunciara el pasado jueves, el regidor cita a la ciudadanía mayor de edad empadronada en la ciudad, en los barrios incorporados y en la entidad menor de Revenga a que opine, tanto si está favor como si está en contra del proyecto liderado por la Corporación provincial que preside Francisco Vázquez y financiada en un 40% por la Junta de Castilla y León, que aportarán en diez años 8 millones de euros.

Campaña por el 'no'

La pregunta que plantea el Consistorio en la «consulta/encuesta de opinión, anónima y de ámbito general» como viene recogido en el decreto es la siguiente: «¿quiere usted que el Palacio de Congresos de Segovia se construya en Palazuelos de Eresma?». El documento establece el cómo, dónde y cuándo se va a desarrollar la consulta, que se alargará durante diez días, del 21 al 30 de este mes, aprovechando el periodo de Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro.

Los ciudadanos marcarán un 'sí' o un 'no' en la papeleta que facilite el Ayuntamiento con la pregunta de la consulta. Arahuetes insiste en que, aunque parezca una iniciativa insólita porque hasta ahora no se había propuesto nada parecido en la ciudad, el objetivo que persigue el referéndum es que «los ciudadanos se expresen libremente» sobre si comulgan o no con la iniciativa encabezada por la Diputación de reconvertir la sobredimensionada Casa Club de La Faisanera en el pretendido Palacio de Congresos de Segovia, aunque éste se sitúe fuera del término municipal de la capital.

Arahuetes ya ha anticipado que hará campaña por el 'no'. Los motivos de la consulta recuerdan lo que el alcalde ve como un incumplimiento del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando se comprometió a que hubiera un palacio de congresos en cada capital de provincia. El Ayuntamiento de Segovia lleva reclamando esta infraestructura «más de siete años, desde antes que empezara la crisis que ahora parece que todo lo justifica».

En un documento muy crítico con la ubicación, también subraya que a día de hoy Segovia es la única capital de la región y de las pocas de España que carece de este tipo de infraestructura, «fundamental para nuestro desarrollo». El decreto razona que a cinco kilómetros del palacio promovido por la Diputación se encuentra el centro de convenciones del Parador de La Granja, por lo que «mucho nos tememos que, si sale adelante, solo enterrará la posibilidad de que Segovia tenga uno propio al contar a escasos kilómetros con dos, coartando el desarrollo estratégico del futuro de la ciudad».

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ampara la convocatoria en el artículo 69 de la ley 7/1985 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que «dispone la obligación de las corporaciones locales de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida local». Arahuetes argumenta en el decreto que el palacio de La Faisanera tendrá repercusiones en la vida local; y en aras a esa misma legislación lanza la consulta porque la norma reserva a los municipios la competencia de «promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal», reza el texto firmado ayer por el regidor.

También reconoce Arahuetes que renunció a esta infraestructura de la discordia «ante las constantes respuestas negativas de la Junta de Castilla y León alegando que no había presupuesto». El decreto no obvia otras «prioridades» que posee la capital y que dependen del compromiso económico de la Administración regional, como la finalización del campus público María Zambrano, la construcción del instituto de San Lorenzo, el aparcamiento del Hospital General o la necesidad de crear un centro de salud en Nueva Segovia. «Por eso tampoco entendemos que no saquen adelante estos proyectos pero sí inviertan 20 millones de euros en un palacio de congresos en La Faisanera», prosiguen los motivos de la consulta.

El Partido Popular no lo ve así y estudia la impugnación de la consulta por posibles anomalías de forma en su convocatoria. En lo único que coinciden con el alcalde es en la ley que sustenta, en su caso, las ilegalidades detectadas. De momento, la formación que preside Francisco Vázquez lo está sopesando, no hay nada definitivo hasta que jurídicamente haya una base consistente. Pero fuentes populares consultadas anticipan que la consulta popular del Ayuntamiento incumple algunos requisitos que rigen una convocatoria de este tipo.

Requisitos legales

Así, por ejemplo, citan que la consulta «debe referirse a un asunto de la competencia municipal». También aluden a que el referéndum debe versar «sobre una materia de su ámbito territorial local, por lo que no caben temas que trasciendan dicho ámbito o que afecten a otros municipios». Asimismo, la normativa de Bases de Régimen Local fija que el motivo al que se refiera la consulta debe de tener «especial interés para el vecindario», prosiguen fuentes del PP, que matizan que debido a la indeterminación del concepto jurídico, la apreciación sobre ese interés debería corresponder al pleno municipal.

Los populares aseveran que no se ha celebrado sesión plenaria alguna del Ayuntamiento de la ciudad para votar y lograr la pertinente aprobación por mayoría absoluta de la propuesta de consulta, lo que puede constituir una irregularidad según la legislación vigente de abril de 1985. A todos estos preceptos, el PP fundamenta sus sospechas sobre la legalidad de la encuesta en que tampoco ha contado con la preceptiva autorización del Gobierno de la nación, que es otro de los requisitos que vienen recogidos en la ley para habilitar a un alcalde a que someta un asunto de competencia local y de interés justificado para su ciudadanía a una consulta popular.

Cabe recordar que esta encuesta de diez días no tiene carácter vinculante, como ya subrayara el regidor de la capital.