Afectados llevan al Tribunal Constitucional las oposiciones de la Diputación de León

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que amparó a la Diputación de León en la demanda contra la misma por presuntas ilegalidades en unas oposiciones de auxiliares administrativos no puso punto y final a cuatro años de conflicto y procesos judiciales, como parecía anunciar su firmeza en cuanto a que no admitía recurso ordinario ni extraordinario. Parte de los afectados han encontrado la forma de continuar defendiendo sus intereses ante los tribunales y presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que se ha vulnerado el artículo 24 de la Norma Fundamental que protege el «derecho a la tutela judicial efectiva».

Nulidad

Antes, y como obligado paso previo, los demandantes han formulado el incidente de nulidad de actuaciones en busca de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dicte un auto que declare nula la citada sentencia del pasado día 30 de abril y reponga las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que provocó tal resolución judicial, es decir, que vuelva a votarse y a fallar el recurso. El fallo judicial que los afectados buscan anular revocaba la resolución dictada por el Contencioso número 2 de León el 31 de marzo del 2011 que daba la razón a los aspirantes a 40 plazas de auxiliares administrativos en unas oposiciones que la institución provincial y el Instituto Leonés de Cultura convocaron en acuerdo de Junta de Gobierno el 29 de febrero del 2008.

El alto tribunal ha basado su reciente fallo judicial no en el fondo de la cuestión, es decir, en si había o no favoritismos y filtraciones de las preguntas de la prueba a familiares y personas afines al Partido Popular como defendía la acusación, sino en que consideró probada la desaparición del objeto que motivó el recurso contra la resolución que adjudicó las plazas y el posterior decreto de 30 de marzo de la Presidencia de la Diputación de León, que desestimó el recurso administrativo de alzada de los demandantes.

Los afectados consideran sin embargo que al no entrar al fondo de la demanda, el objeto no se ha perdido porque no han sido satisfechas sus pretensiones de revocar las oposiciones por el hecho de que la Diputación se hubiera allanado en otro procedimiento paralelo.