El subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel, acompañado por el secretario general, Javier Pérez Blázquez, harecibido a una delegación de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, encabezada por su presidente, José Luis Ainsúa.
Los representantes de las víctimas informaron al subdelegado sobre la decisión de sus asociados de solicitar la asistencia jurídica gratuita para poder recurrir ante los tribunales de justicia, en la vía civil, una vez archivada la causa por la vía penal, con el fin de solicitar las correspondientes indemnizaciones por los daños materiales y morales sufridos por la explosión de gas ocurrida en la calle Gaspar Arroyo el 1 de mayo de 2007, en la murieron nueve personas y resultaron heridas más de doscientas.
