La Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, personada como acusación popular en el caso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de la capital, ha solicitado al juez instructor el interrogatorio de otras cuatro personas más, entre ellas el actual secretario general del Consistorio, Valentín Merino Estrada, y el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, Angel María Marinero, según informa la agencia Ical.
En el segundo de ambos casos, la acusación popular, a través de un escrito presentado el pasado día 12 de julio y al que tuvo acceso Europa Press, especifica que cuando se aprobó la modificación del PGOU por orden de 18 de agosto de 2003 tuvo un papel relevante al ocupar la jefatura del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y ordenar la publicación del texto refundido.
Pero además, Marinero, tal y como ha comunicado la propia Consejería de Fomento al juez instructor, sería el autor de un informe sobre el PGOU a raíz de las críticas realizadas a primeros de 2008 por la entonces presidenta del Grupo Municipal Socialista, Soraya Rodríguez, y su portavoz, Javier Izquierdo, y en el que se basó el consejero, Antonio Silván, a la hora de responder por carta a estos dos últimos para avalar la legalidad de la modificación y apuntar que en el supuesto de haber errores, éstos tendrían que ser subsanados por el Consistorio.
