Es la evaluación que ha provocado el reciente cambio en la Ley de Dependencia en busca de garantizar su viabilidad. Y dejando de un lado el debate sobre si la reforma es o no la adecuada, el análisis de los datos de entre 2007 y 2011, que corresponden a esta primera revisión, constatan una clara y escasa financiación, un muy desigual desarrollo y que, efectivamente, los cálculos de potenciales beneficiarios fueron realmente ridículos tanto en el conjunto nacional como en la individualidad de cada comunidad.
La ley tuvo tan lento desarrollo que, pese a entrar en vigor en enero de 2007, su aplicación fue anecdótica dicho año, con 45 casos en Castilla y León. Además, se comenzó por evaluar a las personas que, en realidad, ya estaban atendidas, y por revisar las que ya vivían en residencias. Llegó después, lenta y desigual, la normativa del baremo y proceso de valoración, la relativa a la calidad y adecuación de la cartera de servicios, al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, al sistema de Información, a las consecuencias sobre el empleo y, por último, a los aspectos económicos de la Dependencia. «Prolijo y confuso», lo califica esta evaluación. Se constata, además, que «su desarrollo ha sido precipitado, sin el necesario contraste y sin la prevención de resultados, con el único objetivo de ir dando respuesta puntual a los desajustes legales respecto a la realidad social».
El primer fallo que desvirtuó cualquier cálculo adecuado de necesidades de recursos y financiación fue el del número de solicitudes y dependientes esperable. Así, las personas con gran dependencia, se han duplicado respecto a las previsiones. España ha pasado de 205.915 beneficiarios esperables en 2007 a 431.811 personas con Grado III de Dependencia (Nivel 2 y Nivel 1) reconocido. Es decir, de estimarse en un 0,46% del total de la población al 0,98%.
Las cifras de Castilla y León también son para temblar, tanto en el número total de dependientes como, y especialmente, en el nivel más grave de necesidades asistenciales. Eran 15.880 las esperadas en los cálculos de 2007 para cuando finalizara la aplicación concreta de la ley, es decir, al final de 2013, para lo que faltaría más de un año. La situación a 1 de enero del presente ejercicio, fecha de comparación de datos, es de 31.930 o, lo que es lo mismo, de 16.050 grandes dependientes a mayores. La desviación es de más del doble, del 101,07%.
De los datos globales de beneficiarios, es decir, de cualquier nivel de falta de autonomía, las estimaciones apuntaron a 84.017 personas en la comunidad. Sin haber llegado a aplicar el Nivel 1 del Grado I (los más leves), que además está bajo moratoria de aplicación, ya se han valorado 90.323, reconocido a 77.478 y hay 66.077 con derecho a ayudas en la comunidad.
Los datos de todo el país señalan que el 71,09% de las personas a las que les corresponde recibir prestación ya la están recibiendo. Son 752.005 los dependientes atendidos de los 1.057.946 a los que les corresponde. Las diferencias entre comunidades son dispares. Hay nueve, además de Ceuta y Melilla, que superan esta media nacional, y las oscilaciones van desde el 91,55% en la más avanzada, precisamente la de Castilla y León, al 71,26% en la del otro extremo de este intervalo.
Además, hay ocho autonomías donde no se alcanza esta media nacional, oscilando entre el 69,20% y el 43,80%.
La ley contempla literalmente en su artículo 14.4, que «únicamente, de forma excepcional, el beneficiario podrá recibir una prestación económica para ser atendido por un cuidador familiar, y cuando se den las condiciones adecuadas para ello». Sin embargo, en muchas comunidades, esta ayuda económica ha sido una forma de resolución de la que se ha abusado por dos claras ventajas: No hace falta gran cantidad de recursos de servicios como residencias, centros de día, teleasistencia o ayuda a domicilio y es muchísimo más barato y rápido. Así, a 1 de enero de 2012, había 931.754 españoles que recibían prestaciones y, de ellas, 423.925 (el 45,5%) eran económicas en su práctica totalidad (423.019) para cuidados en el entorno familiar, mientras que solamente 906 eran a través de la figura del asistente personal. El restante 54,5%, es decir, 507.829 usuarios, optaban por servicios y solamente un 19,8% por residencias. Castilla y León disfrutaba ya entonces de unos datos acumulados mucho mejores, de forma que el 65,7% de los dependientes están atendidos en centros o por recursos profesionales.
En cuanto al Grado III, el más severo, solo siete comunidades –Madrid, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Asturias, País Vasco y Andalucía– tienen una proporción menor que la media nacional de las ayudas al cuidador y solo tres, un porcentaje muy superior respecto a la media en la atención residencial, servicio que para este nivel es «altamente adecuado».
Extremadura ocupa la cabeza, seguida de Asturias, Castilla y León y Madrid. Pese a ello, no son ninguna de ellas las comunidades que han resultado favorecidas en el reparto de los créditos del Estado para financiar la atención a la dependencia, en proporción a la población potencialmente beneficiaria, siendo además las que apuestan por servicios de la red pública.
Andalucía ha sido, destaca el informe, la autonomía «más beneficiada en el reparto de créditos del Gobierno central, porque si bien está prácticamente en la media de atención por prestaciones económicas, la residencial (13%) se sitúa muy por debajo de la media del 26% y, en el resto de recursos, tiene un peso muy elevado la teleasistencia (22%), la más alta de España (10%). Es decir, que ha optado por una asistencia «no muy adecuada para grandes dependientes, a la vez que de menor coste».
Para el grado siguiente, el II, son seis las regiones que dan menor peso al dinero que al servicio y que están por debajo de la media nacional. Se mantienen Madrid, Castilla y León, Andalucía y La Rioja, y se incorporan Galicia y Canarias. Andalucía sigue teniendo un porcentaje muy alto en cuanto a ayuda a domicilio, con muy escasa atención residencial.
