La Alianza por la Unidad del Campo reclama a la Junta los 29 millones de euros que «ha recortado» a los remolacheros

«Esto no es un farol», dice Julio López. Setenta y dos horas antes de reunirse la mesa del sector remolachero, integrada por la Consejería de Agricultura, las industrias y las organizaciones profesionales agrarias, la Alianza por la Unidad del Campo anuncia que representará a los cultivadores que lo deseen en una reclamación conjunta para exigir a la Junta los 29 millones de euros que ha recortado a los remolacheros en la pasada campaña y en la actual. «En principio es una reclamación administrativa, pero estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y presentar un contencioso-administrativo», anunció el secretario general de UPA en la región, Julio López. «Así nos lo están demandando nuestros afiliados y que reclaman lo que es suyo y nos debemos a ellos; y esto hay que separarlo de la reunión del lunes en el que se va a hablar del futuro del cultivo y de defender la cuota para Castilla y León», explicó el representante de Coag en la Alianza, Aurelio Pérez, coordinador general del sindicato en Castilla y León. Ambos líderes agrarios insistieron en que la Junta y las azucareras han incumplido «su propio acuerdo» de 2008 en el que se fijó el precio mínimo de tonelada por raíz de 40 euros, de forma que los cultivadores dejan de percibir tres euros por la campaña del año pasado y otros tres en la que está en curso. La Alianza reclamará estas cantidades eliminadas de los presupuestos de 2011 (10 millones) y 2012 (19 millones). «Si en tres meses no se contesta, los cultivadores podrán interponer un recurso administrativo ante la Junta y, si no se resuelve satisfactoriamente, una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ», precisó Pérez. Las demandas individuales de los agricultores serán integradas en una demanda conjunta por los servicios jurídicos de la Alianza. Los recortes en las ayudas afectan a 6.000 cultivadores de remolacha en Castilla y León, de forma que la Junta, calcula la Alianza, «les debe» una media de mil euros por explotación.