Desde hace cinco meses, el juez Manuel García-Castellón (Valladolid, 1954), es magistrado de enlace con Italia después de pasar por idéntico puesto durante una década en París. Hace ahora 15 años, se encontraba al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, órgano que en menos de 48 horas trató de localizar, con decenas de agentes de la Seguridad del Estado, el lugar donde ETA tenía secuestrado al concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Pero no fue posible. Años antes, el magistrado había estado destinado en Guipúzcoa, pero en 1997 regresó en un avión militar en pleno verano para coordinar un dispositivo que pretendía salvar la vida de un joven de 29 años.
–¿Dónde se encontraba aquel 12 de julio de 1997 cuando le comunicaron el hallazgo del edil?
–Estaba comiendo con el consejero de Interior Juan María Atucha en Durango. El recibió la llamada de que la Ertzaintza le había localizado tiroteado en Lasarte.
–¿Recuerda cómo fueron las horas anteriores?
–Desde que nos indicaron el secuestro del concejal nos pusimos a trabajar, y cuando se confirmó habilitamos un número de teléfono nacional para poder recibir cualquier dato que permitiera localizarle. Tanto las televisiones como las radios colaboraron activamente en la difusión. Desgraciadamente, en esas 48 horas, no hubo ninguna pista inicial que confirmase al Ministerio del Interior dónde podrían tener secuestrado a Miguel Ángel Blanco.
–¿Se ha determinado dónde ETA pudo tener esos días al concejal del Partido Popular?
–No. Lamentablemente después de tantos años se desconoce el sitio y donde permaneció secuestrado.
–¿Hubo colaboración entre la Ertzaintza y el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado?
–Fue total. El día anterior a su muerte recuerdo que cogí un avión militar y me fuí a Bilbao para coordinar todas las actuaciones. Llegué a Ermua y lo primero que hice fue ir a la casa de los padres de Miguel Ángel para acompañarles y de ahí me marché a la comisaría central de la Ertzaintza, en Deusto, donde fijamos el punto de coordinación de operativo de búsqueda.
–En esa época, un político vasco, Jaime Mayor Oreja, era ministro del Interior, ¿Se destinaron medios?
–No se reparó en nada y desde todas las instancias políticas se apoyó en todo. Las circunstancias eran muy difíciles por el caso y la amenaza de que se podía matar al concejal en menos de 48 horas si el Gobierno no cumplía con el acercamiento de los presos al País Vasco tenía visos de ser real tras la liberación por parte de la Guardia Civil del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, días antes.
–¿Judicialmente se ha resuelto el caso?
–Sí, aunque he de decir que inicialmente tuve que archivar de manera provisional el mismo, ya que la investigación no dio el resultado respecto a quienes pudieron ser los secuestradores y autores de la muerte. Tres años más tarde, en el 2000, cuando ya estaba destinado como juez de enlace con Francia, en París, se determinó que Francisco Javier García Gaztelu (alias Txapote) era el autor material del disparo. Se le detuvo en Francia y se reabrió el sumario por parte de mi compañero, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo.
–¿Cómo se supo que era Txapote?
–Por investigaciones policiales que se hicieron posteriormente por parte de la Policía de España y Francia. Eso forma parte del secreto del sumario, aunque en la sentencia del año 2006 se recogen las circunstancias que confirman la autoría.
Azar y detención en Francia
–El azar determinó luego que usted interviniese en los trámites de la extradición a España como magistrado de enlace con Francia.
–Así es. Lo que sí se confirmó es que García Gaztelu estuvo poco tiempo en Francia antes de ser detenido. Se le arrestó con una pistola y documentación falsa en Anglet, en febrero del 2001, cuando comía en una terraza de un restaurante.
–¿Llegó a tomarle declaración en el país galo?
–No, aunque sí que asistí a uno de sus juicios.
–Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿cree que hubo un antes y un después en la lucha contra el terrorismo?
–Pienso que sí, porque mucha gente que no se pronunciaba dio un paso adelante con la intención de acabar con esta gente. Fue una ola nacional. Antes había habido otras muertes de políticos, del PSOE, UCD o PP, pero la muerte de Miguel Ángel Blanco fue un crimen a cámara lenta, una ejecución programada que nunca en España había existido. Dijeron que si no había traslado de presos, se le ejecutaría. Y se le ejecutó, por desgracia. Eso conmocionó a toda la sociedad y por eso se salió a la calle.
–Después de 15 años, cuando la banda ha decretado un alto el fuego permanente, ¿cómo ve un magistrado como usted que ha dirigido decenas de operaciones antiterroristas el futuro del País Vasco y el hecho de que puedan salir presos de las cárceles?
–Eso es una decisión política. Un juez no tiene que pensar nada. Es una decisión del Parlamento.
–Se pensaba que tras la muerte del edil de Ermua la violencia iba a cesar.
–Puede, pero para los terroristas la vida tiene el valor que tiene. Un ciudadano normal no se puede poner en la cabeza de esta gente.
