El magistrado de Instrucción número 2 de Valladolid ha dictado un auto en el que cita al alcalde de la capital vallisoletana para que comparezca a declarar el 7 de noviembre de este año como imputado, en las diligencias que por presunta prevaricación urbanística instruye en relación con el aumento de la edificabilidad de los áticos del edificio de Caja Duero.
En dicho inmueble, situado entre las calles Santiago, María de Molina y Plaza de Zorrilla, el regidor posee una vivienda comprada a la constructora Edificasa 2000, que realizó la rehabilitación a partir de ese año.
En el auto del magistrado César Gil Margareto se señala que tras analizar las diligencias en virtud de la denuncia presentada por la Fiscalía, los hechos que resultan de las actuaciones «hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y desobediencia», cuya instrucción ha correspondido a dicho órgano jurisdiccional.
La investigación fue abierta el pasado mes de mayo por el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, quien coordina la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a nivel estatal. El Ministerio Público atendía así la denuncia presentada en Madrid por un colectivo ciudadano que sostiene que León de la Riva habría cometido un delito de prevaricación al otorgar las licencias de obras del edificio siendo a la vez alcalde y vicepresidente del consejo de administración de Caja Duero, propietaria del inmueble, y en donde adquirió una vivienda en la séptima planta.
La escritura pública de esta compraventa se realizó mediante un crédito hipotecario con Caja Duero, formalizado, según los denunciantes, tres días después de otorgar la licencia de ocupación. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León declaró en el 2010 ilegales los sobreáticos construidos por Edificasa en donde habían trasteros, lo que conllevó la ampliación de la edificabilidad. También consideró que se alteró la fachada protegida por el Plan Especial del Casco Histórico.
Este nuevo auto judicial, que se realiza en la misma semana que el regidor acudió a declarar a otro juzgado (Instrucción 1) por las manipulaciones del PGOU, cita también para testificar dos semanas antes a dos personas más, dos arquitectos. Se trata del técnico municipal Luis Á. A. (que figura también inculpado en el caso PGOU), e Isidro M. C., quien se encargó de la redacción externa de las obras de restauración tras la sentencia dictada por el TSJ.
En este caso, el acuerdo para este proyecto se adoptó por la Junta de Gobierno el 24 de septiembre del 2010. Estos dos arquitectos están citados para declarar el 26 de octubre. El colectivo denunciante sostiene que el alcalde cometió el delito de desobediencia como responsable de la ejecución de la sentencia del TSJ, y «al aprobar los proyectos de legalización que mantenían las infracciones» urbanísticas.
