El Juzgado de Instrucción número 1, que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que el jueves tomará declaración, en calidad de imputado, al alcalde de la capital, en la línea de lo hecho hasta ahora con casi una quincena de personas, entre ellas exediles y concejales del actual equipo de gobierno del PP, ha solicitado al Ayuntamiento que aclare las atribuciones del hoy edil de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, durante los últimos ocho años.
La petición la formuló el juez del caso, José María Crespo, a través de una providencia dictada pocas horas después de la declaración –que se prolongo durante más de una hora– que el propio Manuel Sánchez realizó, también como imputado, el pasado 5 de julio, día en el que también compareció ante el instructor el concejal Gonzalo Hernández. Ambos, en la línea de lo manifestado anteriormente por otros exediles, alegaron que su voto afirmativo en distintos trámites relativos a la modificación del PGOU estuvo guiado por informes técnicos, la asesoría jurídica y respondiendo a la disciplina de su grupo.
En dicha providencia, el juez manda oficio al Consistorio para que en el plazo de cinco días aporte una «copia auténtica» de los decretos de delegación de atribuciones en el concejal Manuel Sánchez entre los años 2003 y 2011, periodo en el que el aludido ostentó las áreas de Seguridad y Vialidad y luego, a partir de 2007, de Planificación, Infraestructuras y Movilidad.
Pero además, la providencia dictada por el juez demanda a la Consejería de Fomento que «identifique» a los técnicos a quienes, supuestamente, se encargó un estudio sobre el PGOU ante las críticas realizadas a principios de 2008 por la entonces presidenta del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, y por su portavoz, Javier Izquierdo.
Petición a Fomento
Estos dos últimos, a través de tres escritos, ya habían denunciado manipulaciones en el PGOU y habían solicitado la nulidad de la Orden de 18 de agosto de 2003 de la Consejería de Fomento por la que se aprobó definitivamente la modificación de dicho planeamiento. Sin embargo, la respuesta fue una carta del consejero, Antonio Silván, en la que avalaba la legalidad de la modificación y apuntaba a que en el supuesto de haber errores tendría que subsanarlos el propio Consistorio.
Asimismo, el juez ha reclamado al Consistorio el expediente de la modificación del PGOU en lo relativo al proyecto de apartamentos tutelados de la empresa Parkosa, informa Europa Press.
