El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecía este miércoles para salir al paso, como él mismo apuntó, de las manifestaciones públicas que responsables sindicales y sociales han realizado sobre una «supuesta actuación incorrecta o desproporcionada» de la Guardia Civil en las movilizaciones protagonizadas por el colectivo minero, sobre todo en la localidad de Ciñera de Gordón, en las últimas semanas. Según defendía, «la carga policial está siendo totalmente proporcionada a la respuesta que reciben» los agentes, y es que tal y como aseguró, se está produciendo una «contestación violenta por parte de determinadas personas» a través de ataques con numerosos objetos contundentes que han provocado que 15 agentes hayan resultado heridos.
Suárez-Quiñones quiso mostrar su respeto al derecho de cualquier ciudadano a manifestar su discrepancia, pero al mismo tiempo manifestó su rechazo rotundo al uso de la fuerza y la violencia como medida de presión, y al perjuicio continuado y grave de los ciudadanos como modo de reivindicar, en el caso de los mineros, «su posición ante el Gobierno». El subdelegado informó que las movilizaciones mineras que han tenido lugar en las últimas semanas han provocado 219 horas de cortes de carreteras en la provincia de León y más de 31 horas de interrupción del tráfico ferroviario afectando a miles de conductores, decenas de trenes y cientos de viajeros.
En estas movilizaciones, explicó, «lo primero que hace la Subdelegación son intensas gestiones para levantar el corte de forma voluntaria a través de distintos interlocutores advirtiendo que de lo contrario se procede a la intervención de las fuerzas del orden para restablecer el libre derecho de los ciudadanos a la libre circulación». Si este sistema no da sus frutos, «la Guardia Civil se presenta en el lugar tratando de que con su presencia se vayan, algo que no ocurre prácticamente nunca». Es más, según el subdelegado, los agentes reciben la contestación violenta de «determinadas personas».
En Ciñera, «la carga policial es totalmente proporcionada a la respuesta que se recibe», afirmaba Suárez-Quiñones, y el motivo de que los enfrentamientos se adentren en el pueblo se debe a que «los concentrados se meten en la localidad y desde allí siguen emitiendo ataques» y los agentes actúan en consecuencia «para restablecer el orden y su propia integridad».
En este sentido, el subdelegado realizaba dos llamamientos a los manifestantes pidiendo el cese de la fuerza y la violencia como medidas de presión y que no impliquen a la población de Ciñera en estas movilizaciones porque se la está «utilizando», poniendo en riesgo a la población.
El responsable del Gobierno central en la provincia señaló que desde que se iniciara la huelga del sector minero se ha detenido en la provincia a 33 personas a las que se les imputan delitos de desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial, de atentado contra la autoridad y faltas de lesiones y daños. Asimismo se han incautado de lanzaderas de pelotas de golf, de patatas, cócteles molotov, tornillería de más de cinco centímetros, bolas de acero de un centímetro de diámetros y piedras.
