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María Isabel de Blas y Juan Carlos Gonzalo durante la rueda de prensa. / ICAL
La Cámara de Contratistas teme que se pierdan 30.000 empleos en el sector por la reducción de las inversiones previstas
Infraestructuras

La Cámara de Contratistas teme que se pierdan 30.000 empleos en el sector por la reducción de las inversiones previstas

Isabel de Blas critica la postura de la Junta que califica de «indolente» y reclama un incremento desde los 172 millones anunciados hasta los 700 para las inversiones reales

Julio G. Calzada

Miércoles, 27 de junio 2012, 17:12

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«El sector de las obras públicas está al límite de su resistencia y puede llegar a desaparecer en la comunidad autónoma de Castilla y León», ha declarado la presidenta de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, María Isabel de Blas. Esta posibilidad estaría acompañada de la pérdida de cerca de 30.000 empleos en la región si las administraciones públicas no modifican su actitud y mantienen sus previsiones de inversiones para este año. Según la presidenta de los contratistas, las inversiones anunciadas por el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y el conjunto de los municipios de Castilla y León suponen una disminución drástica con relación al año pasado que amenaza con la extinción de este sector y criticó la actitud adoptada por el Gobierno regional del que dijo, parece que deja morir una de las actividades económicas que ha sido de las más productivas en los últimos años en la comunidad autónoma.

Indolentes

Los máximos representantes de la Cámara de Contratistas de Castilla y León han criticado de forma pública a la Junta, de permanecer «indolente» ante la que calificaron como «dramática situación» por la que atraviesa el sector de las obras públicas ante la rebaja de los volúmenes de inversión anunciados en los distintos presupuestos de los organismos públicos. La asociación explicó ayer que la comparecencia que habitualmente ofrece la presidenta De Blas para informar sobre la previsión de inversiones en obra pública de las diferentes administraciones en el año en curso se ha visto postergada este año hasta el mes de junio como consecuencia del retraso en la aprobación de los presupuestos tanto por parte de la Administración central como de la autonómica, lo que ha generado la «desorientación» en la que ahora vive el sector . María Isabel de Blas aprovechó también su presencia ante los medios para desauitorizar las políticas públicas centradas en la reducción del déficir mediante el recorte de las inversiones. En su opinión, esta manera de intervenir, lejos de conseguir su objetivo, lo que provoca es un bloqueo de la actividad económica. «Es un grave error que está bloquea la economía», aseguró la presidenta de la Cámara de Contratistas.

La puntilla

De Blas manifestó que la actual línea de recortes de inversiones en obra pública será la «puntilla a un sector que se encuentra al límite de su resistencia y que ha perdido 48.600 activos desde el año 2008, de manera que ahora cuenta con un número de trabajadores de en torno a 76.000. El sector ha perdido 5.730 empresas desde 2008 y ha pasado de las 33.797 contabilizadas ese año a las 28.067 registradas a finales de 2011. Antes de finalizar el presente ejercicio podrían quedar sin empleo otros 30.000 trabajadores si no se modifican los planes que ahora ultiman los distintos gobiernos territoriales.

El augurio se basa en las partidas de inversión en obra pública anunciadas para el año 2012 por el conjunto de las administraciones públicas y que asciende a la cifra de 1.030 millones de euros en Castilla y León de los que 768 millones corresponderían al Gobierno central, 172 millones a la Junta de Castilla y Léon y 90 millones al conjunto de los ayuntamientos y núcleos locales de la comunidad. Esta cantidad contrasta con los 2.618 millones destinados en el año 2011 a estos mismos fines. Se añada a estas circunstancias el hecho de que en el primer semestre del año, con los presupuestos públicos aún sin aprobar, se han licitado 331 millones de euros y de ese volumen se han adjudicado exclusivamente 135 millones. Isabel de Blas observa además otra circunstancia agravante, el hecho de que muchas de estas cantidades ni siquieran se han llegado a licitar en años anteriores. «A lo largo de los últimos años se han previsto unas inversiones que en buena parte casi nunca llegan a ser licitadas y menos aún contratadas, cuando no reprogramadas o anuladas», expuso la presidenta de los contratistas. Estos incumplimientos, ha recordado, han sido en alguna ocasión causa de la quiebra de las empresas, debido a que sus gestores calculan sus previsiones de inversión en función de las obras anunciadas en los presupuestos.

Un gesto de Herrera

La Cámara de Contratistas, a través de su presidenta, ha demandado del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, un gesto que ponga fin a la «indolencia» de su Ejecutivo. Una indolencia de la que da muestra «que que ni siquiera nos recibe para buscar una solución juntos», manifestó De Blas, para quien el déficit público no se reduce a través de la supresión de inversiones sino mediante la eliminación de los gastos improductivos. Apuntó de esta forma que por cada euro invertido en infraestructuras retornan a las arcas públicas, de manera inmediata, 60 céntimos, además de mantener y generar puestos de trabajo.

«Lo que indigna es que no se nos esté escuchando en la medida de lo que estamos proponiendo», ha apuntado la presienta de los contratistas, quien indicó que, al margen de la Mesa de Edificación, la Cámara ha intentado, sin éxito, la creación de distintas mesas de trabajo con el fin de generar actividad mediante una vía extrapresupuestaria e incluso para que una parte del presupuesto se destine a inversiones que contribuyan al ahorro energético o centradas en materia de aguas, susceptibles de hacer uso de los fondos de cohesión.

No menos del 7%

El vicepresidente primero de la institución cameral, Juan Carlos Gonzalo, ha precisado posteriormente que la inversión anual en infraestructuras en una comunidad autónoma como Castilla y León no debería de bajar del 7% respecto del presupuesto regional, es decir, que de un total de 9.700 millones consignados para 2012 la cifra mínima destinada a este capítulo tendría que ser de cerca de 700 millones. «No encuentras países desarrollados que tengan una inversión inferior», ha matizado Gonzalo.

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