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Dos imputados por estafar 1,8 millones a cinco bancos, tres ayuntamientos y la CHD

SUCESOS

Dos imputados por estafar 1,8 millones a cinco bancos, tres ayuntamientos y la CHD

Los acusados, un padre y su hija, giraban facturas falsas o cobraban varias veces una obra

16.05.12 - 10:11 -
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La empresa palentina que regenta Jesús Antonio G. I. tiene una larga tradición en la ejecución de obras públicas, aunque hace ocho años cambió de nombre para pasar a denominarse Montajes y Obras Públicas. En su día llegó a contar con una plantilla de «medio centenar de trabajadores», aunque ahora permanece cerrada y sus apenas quince empleados están despedidos o esperando un finiquito colectivo. Lo que no se esperaban los operarios es que tanto el administrador como su hija, Marta G. G., fueron imputados –ella llegó a ser detenida– por estafar presuntamente 1,8 millones de euros a cinco bancos, tres ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a los que giraron facturas falsas o duplicadas por obras que, incluso, no realizaron.
La operación, denominada 'Garrotazo', comenzó a gestarse el 20 de enero, cuando uno de los ayuntamiento afectados, el de Santovenia de Pisuerga, acudió a la Fiscalía al recibir tres facturas de esta empresa, con la que sí habían contratado la reforma de una serie de calles, pero que en este caso llegaron procedentes de tres bancos distintos y no se correspondían con los pagos que la adeudaban. Así que los agentes –la operación la han llevado a cabo efectivos de la Guardia Civil de Valladolid– comenzaron a tirar del hilo hasta descubrir denuncias similares interpuestas por otros ayuntamientos de León (Matallana de Torío) y Burgos (Pancorbo) y la CHD.
La forma de operar de la empresa, que en la mayoría de los casos había trabajado con anterioridad con los organismos implicados, respondía siempre a un mismo patrón. La constructora, especializada en obra pública, acudía a diferentes sucursales bancarias a reclamar financiación por trabajos supuestamente ejecutados y aportaba para ello o bien facturas falsas –se les imputa ocho delitos de falsificación documental– o bien reales –doce delitos de estafa–, pero con la salvedad de que se las endosaba en ocasiones a dos, tres, cuatro y hasta cinco entidades diferentes. Los organismos públicos fueron descubriendo después el engaño al reclamarles distintos bancos el importe, en ocasiones, de una factura.
La encargada material de acudir a las sucursales, todas ellas situadas en la capital palentina, era supuestamente la hija como representante legal de la empresa, si bien los agentes consideran que el padre tenía conocimiento de los hechos.
Con sede en Palencia
Los directores de los bancos implicados a su vez como víctimas –BBVA, Banco Gallego, Caja Círculo, Caixa Geral y Banco Popular Español–, así como alcaldes y funcionarios de los organismos públicos, fueron relatando a los investigadores lo ocurrido hasta que consiguieron establecer que con este sistema de facturación falsa o duplicada habían conseguido obtener la friolera de 1.840.212 euros a cargo de las arcas de los ayuntamientos de Santovenia, Pancorbo y Matallana y de la CHD.
Los agentes, una vez recopiladas las pruebas necesarias, decidieron proceder a la detención de la hija, Marta G. G., de 35 años, a finales de la semana pasada en la capital palentina, donde tiene su sede la empresa Montajes y Obras Públicas SL en la avenida de Madrid. El padre, José Antonio G. I., de 70, está imputado por ahora después de no comparecer ante la Benemérita al ser citado para ello, si bien fuentes del caso señalaron que será ahora el juez el que le tome declaración al «estar localizable» y decida si mantiene la imputación.
Lo singular del caso es que la mayoría de las presuntas estafas y falsificaciones se produjeron coincidiendo con la presentación en octubre del año pasado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de seis meses sobre una plantilla compuesta entonces por quince operarios, entre los que se encuentran tres hijos del empresario. Este último estuvo implicado en un proceso similar en los noventa.
Primera denuncia en enero
La operación 'Garrotazo' comenzó el mismo día que presentó la denuncia el Ayuntamiento de Santovenia por la recepción de tres facturas falsificadas de 22.300, 24.624 y 32.850 euros de otras tantas entidades bancarias por conceptos que no figuraban en el contrato que tenían con Montajes y Obras Públicas. Los agentes, en contacto con la Fiscalía, fueron recabando datos y enseguida indentificaron a la apoderada de la empresa, la hija, que era «la encargada de realizar los trámites burocráticos». Después se sucedieron las declaraciones de los afectados hasta que decidieron detener a la mujer a petición del propio Ministerio Público. La acusada fue puesta en libertad con cargos.
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