Cerca de 2.000 personas protestan en Ávila por los recortes en educación y la sanidad

Cerca de 2.000 personas, según los convocantes, se manifestaron hoy por las calles de la capital abulense para expresar su rechazo a los recortes en educación y sanidad planteados por el Gobierno del Partido Popular. La protesta, convocada por la Plataforma en defensa del Estado del bienestar y de los servicios públicos bajo el lema Con la Educación y la Sanidad no se juega, tuvo un seguimiento similar al de la manifestación contra la reforma laboral del pasado 19 de febrero, pero fue mucho menos multitudinaria que la que clausuró la jornada de huelga general en la que los sindicatos cifraron la participación en unas 7.000 personas.

La concentración contó con el respaldo de una treintena de colectivos, entre ellos, la Federación Provincial de Padres de Alumnos de la provincia de Ávila, cuyo presidente, Jesús Guil, advirtió que los recortes previstos por el Ejecutivo central vendrán a alterar el sistema educativo sobre todo en Castilla y León.

Guil expresó su temor sobre la repercusión que tendrán las medidas, especialmente para la escuela rural ya que si se decreta el aumento de la ratio de alumnos por clase qué pasará con los Centros Rurales Agrupados, que cuentan con cinco, seis u ocho alumnos, se preguntó. En este sentido, recordó a los responsables de la Consejería de Educación que en la reunión que mantuvieron con el ministro Wert a principios de abril, el director general de Política Educativa, Fernando Sánchez Pascuala afirmó, en palabras de Guil, que la escuela rural era irrenunciable para Castilla y León.

Asimismo, el representante de los padres de alumnos de la provincia mostró su preocupación por el aumento de la ratio en el ciclo de Primaria dadas las dificultades que entraña dirigir una clase de alumnos tan pequeños. Por otra parte, Guil rechazó la supresión de la dualidad de especialidades en los institutos, que auguró tendrá importantes consecuencias sobre todo para los alumnos que cursen estudios en la provincia que se verán obligados a nuevos desplazamientos a centros educativos de otros municipios.

El presidente de la Federación estimó que la Consejería de Educación esperará hasta junio, "y así tener un final de curso tranquilo, para concretar el decreto que desarrollará las medidas estatales. También, puso de manifiesto que en el encuentro que mantuvieron con el consejero de Educación a principio de curso, no se habló de la necesidad de estas medidas, sentenció.

A los recortes en la sanidad se refirió el presidente de la Unión de Consumidores de Ávila, Francisco Javier Rodríguez Cembellín, afirmando que su aplicación cuestiona la universalidad de la atención sanitaria y da pasos atrás en la igualdad de oportunidades. Estas medidas penalizan la enfermedad insistió, y priorizan el acceso a la Sanidad en función del nivel de ingresos. Son una vuelta de tuerca más a las desigualdades sociales, agregó en relación a los 1,7 millones de hogares sin recursos que se han contabilizado en el país.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Luis Sánchez, tildó los recortes de injustos y advirtió que provocarán un deterioro de los servicios básicos, además de perjudicar aún más a rentas ya muy castigadas como las de los jubilados o las familias sin ingresos; sin olvidar, la reforma que afectó al IRPF. Para Sánchez la alternativa es una reforma fiscal basada en los recursos, el que más tenga, que más pague matizó.

Para el secretario provincial de CCOO, Ricardo del Val, los recortes atentan contra los pilares básicos del Estado del bienestar. En última instancia lo que quieren es cargárselo y hacer negocio con estos derechos entregándoselos a la empresa privada, consideró.

La manifestación, prevista para las 12.30 horas, partió a las 12.50 de la Plaza del Mercado Chico y tras recorrer el centro histórico de la capital, descendió por la calle San Segundo, la Avenida de Portugal yla Plaza de Santa Ana, para culminar en la Subdelegación del Gobierno donde tuvo lugar la lectura de un manifiesto en defensa de una Educación y Sanidad públicas.