Una sentencia obliga a pagar al Ayuntamiento de Palencia más de 230.000 euros

Las cuestiones urbanísticas de los últimos años le están pasando continua factura, y nunca mejor dicho, porque son reiteradas las sentencias que condenan al Consistorio, y en casi todos los casos, las cifras van armadas con cinco o incluso seis ceros. Casi nada.

El último de los reveses ha venido de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha dado la razón a los propietarios de unos terrenos expropiados en el Camino de la Miranda para construir una rotonda en un viario. El tribunal considera que el valor del suelo aprobado por el Ayuntamiento y el justiprecio que posteriomente fijó la Comisión Territorial de Valoración no se ajustan a derecho, por lo que ha dado la razón a los dueños de las parcelas, que demandanban una mayor compensación económica por la expropiación.

El precio inicial que se acordó fue de 68.314 euros, pero finalmente el TSJ obliga al Ayuntamiento a abonar a los dueños del suelo expropiado 233.362 euros, más los intereses, que en estos momentos ya ascienden a 32.000 euros, y que seguirán subiendo, puesto que según ha confirmado el concejal de Hacienda, Isidoro Fernández Navas, no se cuenta en estos momentos con disponibilidad presupuestaria para hacer frente al pago.

Precisamente, para evitar que ocurra algo similar, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Palencia dio ayer su visto bueno a la aprobación de un expediente de modificación de créditos que permitirá utilizar una parte de los remanentes de financiación afectada resultantes de la liquidación del ejercicio del pasado año para pagar el coste de otra sentencia urbanística.

Se trata de la compensación que debe abonarse a la promotora Urbanas Agrupadas, en concepto de aprovechamientos urbanísticos. El Ayuntamiento debe pagar a esta empresa, que pertenece a la familia del exconcejal de Urbanismo socialista Jaime Herrero, 229.408 euros. En este caso, los tribunales también dieron la razón, en parte, a los propietarios de unos inmuebles situados en la avenida República Argentina y en la calle Nuestra Señora de Rocamador, que reclamaban al Consistorio una valoración de aprovechamientos urbanísticos mucho más elevada de la que había sido determinada por los técnicos municipales. La empresa solicitaba más de tres millones de euros, aunque los tribunales únicamente concedieron 268.810 euros, pero el Ayuntamiento ya pagó a la empresa 39.401 euros que inicialmente consideraba que le correspondían.

La modificación de crédito permitirá también al Consistorio disponer de fondos para financiar la obra de prolongación de la calle Jardines. El expediente que debe aprobarse en el pleno establece la disposición de 679.254 euros, de los que 229.408 corresponden a la sentencia de Urbanas Agrupadas, mientras que 450.000 son para pagar la ejecución de las obras de la calle Jardines, que en estos momentos se encuentra cortada y se va a construir el tramo que falta.