Una veintena de subcontratistas de obras denuncian impagos en una urbanización de Fuensaldaña

Una veintena de empresarios subcontratistas de obras han demandado por impago en varios juzgados de Primera Instancia de Valladolid a la constructora valenciana Sedesa, encargada por la Junta de Propietarios del Plan Parcial Los Viñales de Fuensaldaña de realizar la urbanización de la Ciudad de la Juventud. La empresa entró hace un año en suspensión de pagos, lo que está provocando que se retrase la finalización del asfaltado de las calles, alcantarillado y la construcción de una depuradora que debe garantizar el abastecimiento de agua potable a los 232 nuevos propietarios que han comprado un chalé en la Ciudad de la Juventud, una urbanización promovida por una cooperativa de Candidatura Independiente (CI). Aunque los chalés están terminados desde el pasado año, las viviendas no pueden ser habitadas por cuanto el Ayuntamiento de Fuensaldaña no entregará la cédula de habitabilidad a los cooperativistas sin que esté recepcionada toda la obra al completo.

Los subcontratistas afectados que han trabajado en la urbanización de las calles de la Ciudad de la Juventud, y que son en su mayoría de la provincia vallisoletana, calculan que la deuda por las obras ejecutadas el pasado año se aproximan a los dos millones de euros. En este grupo de acreedores figuran empresas dedicadas a la maquinaria de construcción, de transporte, topográficas, viveros o electricidad. Entre las facturas pendientes de abonar por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE), de la que también forma parte Pramar con un 20% (el otro 80% está en manos de Sedesa), figuran las comprendidas por trabajos realizados en los meses de abril, mayo y junio del pasado año por parte de una docena de pequeñas empresas. Los subcontratistas afirman que estas deudas nada tienen que ver con los trabajos realizados en la construcción de los 232 chalés pareados por la constructora de Pedro Arias, «que ha pagado en su momento».

Las obras de urbanización de la Ciudad de la Juventud se suspendieron por los problemas de Sedesa en junio del año 2011 y se han reiniciado en enero pasado. Sin embargo, los pequeños empresarios dicen que tienen facturas impagadas que «Sedesa ignora», y por eso no han tenido más remedio que acudir a los tribunales «porque nos dan largas». «El contrato que tenemos firmado es con la UTE de Fuensaldaña, donde está Sedesa, que no ha cobrado unos cuatro millones de euros por parte de la Junta de Compensación por diferencias en algunas facturas. La constructora nos dice que hasta que Bankia o Caja Segovia no les pague, nosotros no vamos a cobrar», explica uno de los subcontratistas afectados, que reclama unos 128.000 euros. Algunos de estos pequeños empresarios aseguran que estos impagos han provocado «que tengan que despedir a parte de las plantillas y solicitar nuevos créditos para seguir operativos».

La demanda presentada en los juzgados se apoya en el artículo 1.597 del Código Civil, donde se recoge que el propietario deberá hacerse cargo de la deuda que deba el contratista, en este caso la UTE.