¿Ha tocado fondo la crisis económica en el ámbito judicial? Los datos del número de pleitos civiles registrados durante el pasado año en los 15 juzgados de Primera Instancia de Valladolid capital parece que así lo indican, por cuanto, lejos de estancarse, el número de demandas presentadas ha descendido el 26% respecto a las contabilizadas en el ejercicio 2009, año en el que la recesión económica mostró su cara más dura.
Es en los juzgados de Primera Instancia donde se presentan las reclamaciones por deudas a proveedores, impagos de rentas de alquiler de locales y pisos, incumplimientos de las cuotas de las comunidades de propietarios o los desahucios por hipotecas que promueven los bancos y cajas de ahorro.
Según los datos manejados por el decanato de los jueces de Valladolid, durante el pasado año el número de asuntos que se registraron fue de 16.657, lo que significa 5.836 menos que los contabilizados en el año 2009. Ello significa un descenso importante en los órganos civiles, pero en modo alguno comporta que la carga de trabajo se vea disminuida, por cuanto los procedimientos judiciales continúan vivos en tanto no se cierran tras el cobro de las deudas.
La labor de funcionarios y secretarios judiciales es la de rastrear durante años a través de los archivos y bases de datos oficiales si el moroso tiene fondos como para hacer frente a la deuda contraída. En medios judiciales se reconoce que España está muy lejos todavía de países como Alemania o Suiza, donde cualquier paso que da un moroso es seguido por las administraciones, incluso en el momento en el que cobra una pensión o ayuda.
Se echa en falta, en este sentido, la existencia de un órgano judicial especializado para cobrar deudas pendientes tras ser firme el fallo. «Esta solución no solo aumentaría la eficacia, sino que además evitaría que muchos de los funcionarios que hay en los Juzgados de Primera Instancia estuvieran recargados con una misión que es meramente recaudatoria con el volumen el papel que ello sigue generando», dice una secretaria judicial.
Dentro de las ejecuciones, la hipotecarias y de desahucio han bajado también en estos tres años de un 30% en el 2009 al 15% el pasado año. Pese a ello, este apartado de morosos representa el de mayor cuantía, ya que las deudas con las entidades bancarias tienen más volumen.
«Dejar a deber a una caja un crédito de 120.000 euros no es lo mismo que no pagar la cuota de la comunidad de vecinos de 1.500», puntualizan fuentes judiciales, que añaden que es más factible recuperar o renegociar esta última cantidad antes que la primera.
La solución de la dación en pago de la vivienda sobre la que pesa un crédito impagado es una opción que varios de los jueces consultados plantean para salir de las consecuencias de la crisis y de los procedimientos civiles que se mantienen vivos en los juzgados vallisoletanos durante años.
Por el momento, según fuentes del Decanato de los Juzgados, no se ha registrado en Valladolid ninguna sentencia que reconozca esta posibilidad a los propietarios.
«Es una decisión política que se debe resolver y que entraña otra pregunta, la de si ha de ser de carácter retroactivo o sería para las futuras hipotecas que se firmasen», dice el juez decano, Ignacio Segoviano, quien no oculta que la renuncia al dinero repercutiría en la economía.
